Fin de la moratoria del “decreto Ábalos”: El grueso de los VTC tiene cobertura legal para prestar servicios urbanos

El viernes venció el plazo de cuatro años otorgado por el conocido como “decreto Ábalos” a las comunidades autónomas para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en las ciudades. Y aunque sólo diez comunidades autónomas, Madrid, Valencia, Andalucía, Cataluña, Murcia, Galicia, Navarra, País Vasco, Aragón e Islas Baleares; han regulado de alguna forma el sector, lo cierto es que el grueso de las licencias VTC que hay en España tendrán amparo legal para seguir realizando servicios urbanos si así lo desean. De las 17.385 autorizaciones de VTC existentes en la actualidad, 16.475 se concentran en estas comunidades. Las algo menos de 1.000 restantes pertenecen a autonomías que no han regulado de ningún modo esta actividad.

El decreto que venció a finales del mes pasado se gestó en el año 2018. Por defecto, los VTC tienen autorización para realizar servicios interurbanos. Pero con la llegada de compañías como Uber o Cabify, comenzaron a prestarlos de forma masiva en las ciudades. El taxi comenzó ese año a presionar al Gobierno para que regulase la actividad de compañías como Uber, Cabify o Bolt al entender que operaban con ventaja y en franca competencia desleal ya que su actividad estaba menos regulada. Para poner fin a la disputa, el entonces ministro de Transportes (Mitma), José Luis Ábalos, aprobó un decreto que establecía que las competencias de los VTC pasaban a ser de ámbito autonómico, como los taxis. Traspasó así la patata caliente a los gobiernos regionales, que debían ser los que legislasen en un plazo máximo de cuatro años sobre la operativa de los VTC en las ciudades. De no hacerlo, estos vehículos sólo tendrían derecho a realizar los servicios interurbanos para los que tienen autorización.

Prórroga

En previsión de que alguna región no legislase, la norma concedió un periodo transitorio de cuatro años durante el cual los VTC han podido seguir prestando servicios urbanos sin necesidad de que hubiera ley autonómica vigente. Esta prórroga se concibió como una especie de indemnización para que las compañías de este sector que abandonasen la actividad en caso de que no se regulase su actividad urbana porque considerasen que su negocio no fuera a ser rentable pudieran recuperar su inversión.

La prórroga de cuatro años acaba de vencer y aunque, sobre el papel, el grueso de las licencias VTC cuentan con el amparo de una normativa autonómica, lo cierto es que en el sector reina un profundo malestar al considerar que las cosas se han hecho mal, con un ramillete de regulaciones diversas que, según ha asegurado Cabify son en algunos casos “discriminatorias y contrarias a Derecho”. “La decisión del Mitma ha provocado que haya comunidades autónomas que hayan regulado el sector de la VTC sin tan siquiera tener en consideración al sector de la VTC, como ha ocurrido en Cataluña. O que haya regiones donde la precontratación no exige un tiempo mínimo de espera (Madrid), con precontratación impuesta de 15 minutos (Cataluña) o incluso de 60 minutos (Valencia)”, según ha denunciado recientemente esta plataforma.

Requisitos como la precontratación previa -recurrida ante el Tribunal Supremo tanto por el taxi como por los VTC- o que los coches, en lugares como Andalucía o Cataluña, deban tener unas determinadas medidas y condiciones que obligan a que sean de alta gama son, según el sector VTC, trabas de dificultan y mucho su actividad. En Cataluña, por ejemplo, aunque hay casi 4.000 autorizaciones, apenas hay 1.000 activas, según datos de Aseval, una de las patronales del sector. Por ello, aún con una regulación vigente, consideran que buena parte del sector corre el riesgo de desaparecer.Según sus datos, los VTC dan empleo a más de 25.000 personas y generan un volumen de negocio de 2.000 millones de euros.

Transportes no se mueve

Desde el sector denuncian, además, la gran inseguridad jurídica en la que se mueven con un decreto que está recurrido tanto en los tribunales españoles como ante la Justicia europea. Una norma que, denuncian, no ha servido para que todas las comunidades autónomas regulen el sector ni ha tenido el carácter indemnizatorio que perseguía. Un estudio de la Universidad de Barcelona encargado por Cabify asegura que habrían hecho falta un mínimo de 16 años de actividad antes de la pandemia para recuperar su inversión. Periodo que, con el covid, debería haberse ampliado a dos más, tal y como han solicitado la patronal Feneval.

Las peticiones del sector VTC han caído, en todo caso, en saco roto. El decreto que diseñó el equipo de Ábalos establecía la posibilidad de que los titulares de autorizaciones VTC que consideran que los cuatro años eran insuficientes para recuperar su inversión podían solicitar un plazo extra. Pero Transportes ha denegado el grueso de las más de 4.000 reclamaciones presentadas. Además, se ha negado también a ampliar los cuatro años de prórroga que concedía. Transportes alega que las comunidades han tenido tiempo para legislar. Añade, además, que aquellas que no lo han hecho y en las que el sector no contaría con cobertura legal para seguir operando trayectos urbanos, pueden legislar cuando lo deseen y, de este modo, recuperar la actividad.