Comerciantes y productores, en pie de guerra contra Díaz por acabar con la competencia y hundir sus precios de origen

La reunión que celebra hoy la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con distribuidores y grandes superficies nace con la declaración de guerra abierta por parte del pequeño comercio y los productores -agricultores y ganaderos, en su mayor parte-, que exigen a Díaz que rectifique y no pacte su “tope de precios congelados” con estas grandes empresas porque acabaría con la competencia del comercio del proximidad, incapaz de luchar contra esos precios, y de los productores, que verán reducido el precio de sus productos en origen forzados por la bajada ficticia de los precios de los productos besicos de alimentación básicos en la cesta de la compra.

Las patronales del pequeño comercio claman contra este pacto con los grandes grupos de alimentación porque “atentaría directamente” contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre los consumidores para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio local, que no puede competir en márgenes ni asumir los costes”. En un comunicado, la Confederación Española de Comercio (CEC) ha rechazado así la propuesta de Díaz, a la que acusa de ningunear a los comerciantes de proximidad “en un momento especialmente complicado por el desorbitado aumento de los costes. Hay otras fórmulas que pueden conseguir el mismo fin sin dañarnos”.

La confederación que agrupa a los comerciantes precisa que respeta la competencia y el libre mercado, pero entiende que “un acuerdo con las grandes distribuidoras supondría para los formatos más pequeños una pérdida de empleo enorme y pondría en riesgo la continuidad de miles de comercios”.

Por su parte, los productores reclaman más ayudas, rechazan el tope a los precios y advierten sobre un “otoño caliente” de movilizaciones. El sector primario denuncia afronta una situación límite por los altos costes de producción ,los bajos precios en origen y una previsión de mermas generalizadas en la producción por culpa de la sequía, cuestiones ante las que reclama ayudas al Gobierno al tiempo que no descarta emprender nuevas movilizaciones si se confirma el tope a los precios y se desoyen sus peticiones. A estas cuestiones, las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y las cooperativas agroalimentarias de España añaden también la especulación, la falta de fertilizantes o las deficiencias en la ley de la cadena. “Un tope de precios nos remataría”, explicaron a LA RAZÓN fuentes agrarias.

Estos problemas no son nuevos, son los mismos que les llevaron la pasada primavera a una manifestación histórica contra el Gobierno, que no ha servido para acabar con las incertidumbres con las que afrontarán este otoño, en especial por las restricciones de gas y la persistencia de una inflación elevada. “La solución no son tanto las movilizaciones sino sentarse y arbitrar medidas porque hay que seguir manteniendo la estructura productiva de la agricultura española que nos da de comer a nosotros y a los europeos”, dijo a Efe el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, denuncia que “este Gobierno olvida la labor esencial que el sector primario desempeña proporcionando alimentos de primera necesidad a la sociedad. Si esta tarea se interrumpe, o no llegan las producciones en las cantidades necesarias al mercado, se estará poniendo en riesgo no solo el futuro del sector agrario si no también nuestra soberanía alimentaria”, expresó Asaja en agosto.

A la reunión del lunes no está convocada la Federación de Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB), que ha querido mostrar también su desacuerdo con la fijación de precios porque podría provocar “efectos no deseados” en el difícil contexto socioeconómico actual, en el que “no se pueden adoptar medidas que perjudiquen la competitividad y al mantenimiento del empleo”.

Sí estará la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que reúne a más de 31.000 empresas del país de diferentes sectores de actividad, que recuerda que el momento inflacionario actual “es para todos”, con “incrementos de costes para todos”.