La inflación sigue mordiendo a las familias

La inflación en la Eurozona no afloja. En julio se llegó a ubicar en el 8,9%, batiendo el anterior récord de junio del 8,6%. Se nos dirá que la causa de la misma hay que buscarla en la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, pero lo cierto es que cada vez más precios energéticos (con la excepción del gas y, por tanto, de la electricidad) están al mismo nivel de antes de la guerra y, por tanto, cada vez resulta menos factible buscar excusas en el lado de la oferta sin atender al lado de la demanda. Es decir, cada vez es más complicado explicar la inflación únicamente desde el lado de la restricción de factores productivos obviando el exceso de gasto agregado inducido por las políticas fiscales y monetarias expansivas de los últimos años.

Acaso por ello, el Banco Central Europeo haya comenzado a reaccionar con una subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos a pesar de que a comienzos de año había descartado que en 2022 hubiese endurecimiento alguno de la política monetaria. Y acaso por ello, algunos miembros del BCE están empezando a plantear que en la reunión de septiembre habría que aumentar los tipos en otros 50 puntos básicos. De momento parece que no está en la agenda, pero tampoco lo estaba la subida de julio… hasta que finalmente lo estuvo. Acaso por ello, el Euribor ya haya comenzado a escalar hasta máximos de 2012, el 1,3%, lo que contribuirá a constreñir el gasto privado de las familias endeudas a tipos variables. Y probablemente todavía no sea suficiente.

Ayer mismo el euro perdió la paridad con el dólar, lo que pone de manifiesto que, a pesar de las subidas de tipos que descuenta el mercado (tal como aparece reflejado en el Euribor), éstas todavía son inferiores a las que se prevé que acometa la Reserva Federal al otro lado del Atlántico. Y si el euro se deprecia (como se ha depreciado durante las últimas jornadas u durante los últimos meses), todavía importaremos mayor inflación desde el lado de la demanda. Por consiguiente, el BCE se verá forzado a subir todavía más los tipos, lo que ralentizará más la economía y asfixiará a las familias hipotecas. Todo ello porque el sector público se niega a restringir su porción del gasto para contribuir a frenar la inflación, de modo que toda la carga recaerá sobre familias y empresas. Los excesos del sector público durante la pandemia los estamos pagando ahora y los seguiremos pagando en el futuro.