CC OO pide que la Fiscalía actúe para evitar el regreso de los “riders” autónomos a Uber Eats

La “Ley Rider” cumple este viernes 12 de agosto su primer año en vigor con las dos principales plataformas de reparto, Glovo y Uber Eats, retando al Ministerio de Trabajo. En apenas cuatro días, el sector de las empresas digitales de delivery ha pasado de la relativa calma y cumplimiento de la normativa que obliga a contratar a los repartidores en base a su presunción de laboralidad, a amenazar con el regreso del modelo autónomo. Pese a la ley, Glovo ha mantenido este último año un modelo basado en mayoría de repartidores autónomos, un incumplimiento de la regulación que no sentó nada bien a sus competidores, especialmente a Uber Eats. Ante la falta de adaptación de Glovo a la “Ley Rider” y ante la inacción del ministerio de Trabajo, al que Uber Eats mandó una carta denunciando está competencia desleal en marzo, la plataforma de las mochilas verdes ha tomado la determinación de crear un modelo híbrido de trabajo asalariado y autónomo.

El aviso de Uber Eats anunciando su intención de recuperar a los “riders” autónomos desató las críticas inmediatas del ministerio de Yolanda Díaz y de los sindicatos. El último en pronunciarse, CC OO, explica a LA RAZÓN que está estudiando pedir la actuación de la Fiscalía. “Es absolutamente intolerable que haya empresas que se permitan el lujo de retar al Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y a poder judicial, anunciando el incumplimiento de una ley. No solo tiene que haber una actuación contundente de la Inspección de Trabajo, sino también de la Fiscalía”, reclama Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría confederal de Acción Sindical y Empleo de CC OO. “Anunciar que se va a incumplir una ley está tipificado”, añade. “Probablemente en septiembre instaremos al Gobierno a que ponga a la Fiscalía a trabajar o bien la instaremos nosotros. Lo tenemos que analizar”, adelanta en declaraciones a este medio.

Escudo de Uber Eats frente al supuesto ERE encubierto

Olmos achaca la amenaza de Uber Eats a dos factores. Por un lado, a la “suavidad con la que el Estado ha estado actuando frente a Glovo, que lleva desde el minuto uno incumpliendo la ley”. Y, por otro, Olmos considera que “el anuncio de Uber Eats no es ajeno a que el Tribunal Supremo haya obligado a que la Audiencia analice nuevamente el ERE que hizo Uber Eats a raíz de la aprobación de la ‘Ley Rider’” y a que el modelo de subcontratación que ha estado usando hasta ahora esté siendo cuestionado con procedimientos por cesión ilegal de trabajadores, como ha ocurrido recientemente con la propuesta de sanción a Amazon.

En línea con CC OO, Fernando Luján, secretario confederal de UGT, señaló a LA RAZÓN que Uber Eats podría estar adoptando esta medida ante la posibilidad de tener que readmitir a 4.000 repartidores por un presunto ERE encubierto que la plataforma llevó a cabo en agosto de 2021. En una sentencia del 20 de julio de 2022, el Tribunal Supremo estima un recurso de casación interpuesto por UGT frente a Uber Eats para impugnar un presunto despido colectivo que se había producido por Uber Eats el pasado 12 de agosto, cuando entró en vigor la “Ley Rider”. “Esto supone que probablemente los contratos extinguidos serán declarados nulos y tendrán que readmitir a esos 4.000 trabajadores”, declaró Luján.

Trabajo amenaza con “responsabilidades penales”

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, advirtió tras saltar la noticia que van a ser “implacables con el cumplimiento de la ley” y para ello usarán “todos los recursos” que tengan a su disposición, en respuesta a preguntas de LA RAZÓN. Este viernes, cuando se cumple un año de la entrada en vigor efectiva de la “Ley Rider”, Pérez Rey ha sido incluso más contundente en sus advertencias. “No hay atajo ni posibilidad de burlar” la norma, ha avisado, y Trabajo no descarta que las empresas digitales tengan que asumir también “responsabilidades penales”. Cuando las plataformas se sitúan deliberadamente fuera de la ley, primero se afrontan “responsabilidades administrativas” y luego pueden llegar a ser “penales”, ha declarado Pérez Rey en RNE.

El Ministerio de Trabajo lanzó otra advertencia cuando Uber Eats dio a conocer su intención de recuperar a los autónomos: el departamento de Díaz abre la puerta “incluso a exigir responsabilidades a aquellos que hacen uso de un sistema de reparto que vulnera la ley”, es decir, a los restaurantes, supermercados, comercios y otros establecimientos que recurran a vías de reparto ilegales según la normativa actual. Estos se convertirían en “eventuales responsables de lo que suceda con esos trabajadores”, aseguró Joaquín Pérez Rey. Trabajo avisa así no solo a las compañías digitales de reparto sino también a los negocios que las utilicen.

La patronal Hostelería de España ya advirtió sobre este riesgo cuando Glovo cambió su sistema de facturación para evitar la relación de laboralidad con los “riders” autónomos. Hace casi un año, la firma de las mochilas amarillas informó a los establecimientos que ahora serían los propios riders quienes les facturarían cada pedido al final del turno, en lugar de que Glovo facturase el servicio de reparto a los establecimientos, según publicó El Periódico. Hostelería de España valoró que este nuevo sistema de facturación podría convertir a las empresas en responsables de la contratación y cotización de los trabajadores. De hecho, “en demandadas de laboralidad es muy probable que CC OO incluya también a los restaurantes que han gestionado los pedidos porque lo que ha hecho el algoritmo de Glovo es derivarles cierta responsabilidad”, advierte Raúl Olmos.

Las estrategias de Glovo y Uber Eats para trabajar con autónomos

Glovo alega que las modificaciones que ha llevado a cabo en su relación con los repartidores son suficientes para cumplir con la norma y seguir trabajando con “riders” autónomos. Del mismo modo, Uber Eats afirma estar “trabajando en una nueva herramienta, ajustada al marco regulatorio actual”. Para garantizar el “control total” de los repartidores sobre su trabajo, la principal diferencia con el actual modelo es que los “riders” tendrán la capacidad de fijar sus propias tarifas de reparto.

Sobre la posibilidad de adaptar la prestación de servicios para lograr un modelo autónomo, el secretario confederal de UGT subrayó que la aplicación de la “Ley Rider” “no es objeto de negociación, ni de conveniencia”. “La ley es suficientemente clara en la presunción de laboralidad que afecta a las plataformas empleadoras y toda esta estrategia no supone nada más que darle vueltas a lo que está suficientemente claro”, añadió. Y por si todo esto no fuera suficiente, el secretario confederal de UGT explicó a LA RAZÓN que las autoridades europeas ya tienen un proyecto de directiva para regular las plataformas que incide también en la presunción de laboralidad de las personas que prestan sus servicios a estas empresas. “No parece que se vaya a poder eludir la aplicación de la ley, ni desde el punto de vista de la legislación española, ni desde el punto de vista de los órganos judiciales españoles, ni desde las instituciones europeas”, concluyó Luján