Las grietas del escudo social desplegado por el Gobierno dejan sin protección a la mitad de los hogares con dificultades para asumir el coste del suministro eléctrico. En concreto, en España hay al menos 2,4 millones de hogares con severas dificultades para pagar la factura de la luz, según un reciente estudio de Cáritas y Foessa, que advierte de que pagar los recibos de suministros como la luz, el gas y el agua deja en situación de pobreza al 14% de los hogares. Del total, solo la mitad, 1,2 millones de hogares, disfrutan del bono social eléctrico, denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pese a que “es muy probable que la mayor parte de las familias citadas en el estudio de Cáritas cumplan los requisitos para poder beneficiarse del bono, especialmente por la escasez de ingresos”, añade.

Los motivos por los que no lo disfrutan son “por la falta de información, por las dificultades para tramitar la solicitud o, simplemente, por una situación de exclusión tecnológica, pues las gestiones suelen implicar el empleo de medios digitales ante la escasez de oficinas”, detecta OCU. La necesidad de acceso a estas ayudas ha crecido como la espuma por el aumento de la pobreza a causa de la pandemia y el incremento de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, que en España cerró octubre con una cotización media de 200 euros el megavatio hora (MWh), el registro más alto hasta el momento.

Los últimos datos de Eurostat revelan que en 2020 aumentó el número de hogares que no pudieron mantener su casa caliente. Mientras que en 2019 el 7,5% de los españoles no podía en 2019 permitirse el coste de una calefacción adecuada en su hogar, superando la media europea (6,9%), en 2020 esta tasa subió 3,4 puntos porcentuales en España, hasta el 10,9%, frente al 8,2% de media en Europa, según los últimos datos publicados por Eurostat. La cifra registrada el año pasado se acerca peligrosamente al 11,1% que se dio en 2014, el mayor porcentaje registrado para España en esta encuesta, que comenzó a publicarse en 2003.

Con el frío ya encima, OCU solicita al Gobierno que identifique a los posibles beneficiarios a partir de datos que obran en poder de las administraciones y se les aplique los descuentos del bono social eléctrico de forma automática. Mientras tanto, considera que sería gran ayuda que se simplificara su renovación cada dos años, “hoy por hoy muy engorrosa”, señala. Así como que el bono fuera accesible también para los contratos en el mercado libre, facilitando así que las compañías identifiquen a sus usuarios vulnerables. Además, aboga por que se amplíen los límites de kWh bonificados.

Medidas adoptadas hasta el momento

El Consejo de Ministros aprobó a final de octubre un real decreto por el que se elevan los descuentos originales al 60% para los hogares vulnerables (frente al 25% actual) y al 70% para los hogares vulnerables severos (solo del 40% actualmente) hasta el 31 de marzo de 2022. Limitando así la subida de la factura eléctrica en los últimos meses, que ha afectado especialmente a los usuarios de las tarifas reguladas.

A estos colectivos se añade la categoría provisional de afectados por desempleo, ERTE, o empresarios con reducciones de jornada por cuidados de familiares que hayan visto reducido sus ingresos durante el mes anterior. Es más, los beneficiarios del bono social eléctrico disfrutan también de forma automática del bono social térmico, que supone una ayuda adicional de hasta 125 euros al año. Y cuentan con una protección adicional en caso de impago, ya que tienen derecho a un periodo de espera mínimo de cuatro meses de impagos antes de proceder al corte; además, si hay riesgo de exclusión social o en el hogar hay menores de 16 años o personas con discapacidad, el suministro no se puede interrumpir. Además, hasta el 28 de febrero, no podrá cortarse el suministro de gas, luz y agua de ningún hogar con bono social, subraya la OCU.

El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 recoge un incremento del 44% en la partida para el bono social térmico. El Gobierno cifra en 1.270.897 los hogares beneficiarios para el año que viene, por lo que su presupuesto pasa de los 105 millones de euros en 2021 a 151 millones en 2022. Pese a este incremento, la cifra de beneficiarios sigue muy por debajo del número de personas que realmente necesitan la ayuda y cumplen los requisitos para recibirla.

El mismo decreto de octubre nombrado anteriormente incluye la aprobación de un cheque adicional de 90 euros que amplía el bono social térmico, para que las familias con más dificultades puedan calentar sus casas durante el invierno. Se trata de una ayuda puntual que solo estará disponible este año.

No obstante, todas estas medidas no están surtiendo efecto para corregir la exclusión de más de un millón de hogares que aún siguen sin disfrutar de los descuentos del bono social eléctrico, y por tanto también del térmico, pese a cumplir los requisitos de acceso.