Pedro Sánchez tendrá muy probablemente sus Presupuestos. Esos que, muy probablemente, le permitirán agotar la legislatura porque pueda prorrogarlos sin rubor el año próximo si vienen curvas. Pero no le han salido gratis. El PSOE ha tenido que hacer concesiones para que su socio de coalición, Podemos, trague con las cuentas. Y lo ha hecho especialmente en la Ley de Vivienda, que la formación morada había apuntado como una de las líneas rojas para sacar adelante el acuerdo. Porque, al final, y a pesar de todo lo dicho, la nueva norma recogerá la tan deseada intervención de los precios del alquiler que ansiaba Podemos y que, a la postre, supone cargar sobre las espaldas de los propietarios el problema.

El pacto entre PSOE y Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda contempla la regulación del precio del alquiler para bajar las rentas a las viviendas en manos de grandes propietariosempresariales en zonas de mercado tensionado. Las comunidades autónomas serán las que tengan que solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado, que serán aquellas en las que se aplicará a estos propietarios la regulación de precios, en función de los índices oficiales de referencia, según ha avanzado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes de Moncloa han aclarado que en la categoría de grandes propietarios afectados por esta medida sólo entrarán las personas jurídicas, es decir, las empresas que posean al menos diez propiedades; y no las físicas aunque su patrimonio en alquiler sobrepase esa cifra.

Para las personas físicas propietarias, y con independencia del número de inmuebles que tengan en alquiler, el pacto contempla que congelen los precios en las áreas tensionadas, según fuentes gubernamentales citadas por Efe, aunque si están dispuestas a bajarlos, se les aplicarán bonificaciones fiscales suficientes como para que les salga a cuenta esta rebaja. A este respecto, Bolaños ha asegurado que hay “un paquete muy potente de bonificaciones fiscales para los propietarios, para incentivar la reducciones de los precios”. Estas podrán llegar al 90% de la bonificación de las rentas que obtengan en caso de bajar precio respecto al contrato anterior, como propuso hace meses el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). No obstante, para hacerse acreedor de estas bonificaciones, el propietario deberá rebajar aplicar la rebaja en los precios a todas las viviendas de su propiedad.

Aunque Unidas Podemos ha evidenciado una especial obsesión con los grandes tenedores durante toda la negociación por considerarlos los principales responsables de la espiral alcista de los alquileres, la realidad es que el impacto de este segmento en el mercado inmobiliario español es más que limitado. Los grandes tenedores privados de vivienda en alquiler acumulan de forma conjunta apenas 110.000 casas en España, una cifra que supone poco más del 4 % de “stock”, con escasa presencia en el total del territorio pero sí en los principales núcleos urbanos, según se desprende de un informe elaborado por la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics. El hecho, además, de que tengan que ser las comunidades autónomas las que soliciten la declaración de zona de mercado de alquiler tensionado también restará intervencionismo a la medida. Algunas como Madrid ya anunciaron tiempo atrás que no piensan acogerse a esta regulación.

Freno para las inversiones

Desde el sector inmobiliario lo que sí tienen claro es que un movimiento de este tipo, aunque tendría escasa incidencia a la hora de rebajar los precios, sí que podría tener, por contra, efectos muy perniciosos sobre la inversión. En este sentido, aseguran que los grandes grupos y los grandes fondos son los únicos que, en este momento, pueden ayudar a incrementar el parque público de viviendas en alquiler «porque son los únicos que tienen capacidad inversora». Pero trabas de este tipo podrían hacer que se piensen dos veces invertir su dinero en el mercado inmobiliario español.

Para estimular la salida de más unidades al mercado de alquiler, el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos. En un primer momento, el PSOE, en el anteproyecto de ley, había recogido un recargo del 50% para aquellas viviendas que permanezcan vacías al menos dos años y para aquellos propietarios que tuvieran al menos cuatro inmuebles en propiedad. El documento establecía excepciones como el traslado temporal por razones laborales o de formación; el cambio de domicilio por razón de dependencia, salud o emergencia social; o el uso de la vivienda como segunda residencia con un máximo de 4 años de desocupación continuada. También mantiene la apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social).

La nueva Ley de Vivienda también incluirá la creación de un “bono joven” de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, al que podrán acceder los jóvenes entre 28 y 35 años que tengan ingresos inferiores a 23.750 euros, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También contemplará medidas de protección frente a los desahucios centradas en la población vulnerable, según ha anunciado en Twitter la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. PSOE y Unidas Podemos siempre han estado de acuerdo en evitar los lanzamientos de los colectivos más vulnerables sin alternativa habitacional.

Tras desvelarse los primeros detalles del proyecto, desde el sector inmobiliario han empezado a llegar las primeras críticas al acuerdo. Francisco Iñareta, portavoz de idealista, ha advertido de que la intervención del alquier es “una mala noticia para todas las personas que están en proceso de búsqueda de una nueva vivienda en alquiler. Las medidas que se proponen ya se han probado en otros mercados como Cataluña y no han funcionado. Es trasladar un error local a todo el Estado”. Iñareta ha recordado que el control de precios de alquileres ha supuesto “la desaparición del 40% de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona y los ciudadanos ya están sufriendo la enorme dificultad que supone ahora encontrar un alquiler en la ciudad”.

En el caso de la obligación de destinar el 30% del suelo de cada promoción de obra a VPO, que también se ha probado en Barcelona, el resultado ha sido “la desaparición de la obra nueva y las pocas promociones que se levantan lo hacen a precios muy elevados”, según idealista.