“Rejonazo” de 2.600 millones a las eléctricas hasta marzo para aplacar la subida de la luz

El Gobierno mantiene el compromiso para que la factura final eléctrica que paguen los españoles este año sea “similar” a la de 2018, descontado el alza del IPC. En concreto, que los hogares paguen “un poquito más” de 600 euros a final de año, gracias a las rebajas fiscales y a la reducción un 96% de los cargos del sistema, que afectan tanto a hogares como empresas, en los próximos seis meses. A costa, eso sí, de las compañías eléctricas. Con ello, se baja la parte regulada un 50% la para la baja tensión (hogares y comercios) y entre un 40%-25% para las grandes empresas e industrias.

Para ello, ante los precios desbocados de la electricidad, que se mantendrán así al menos durante todo el invierno, y la insuficiencia de las medidas fiscales -como la rebaja del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto del 7% a la generación y la rebaja del impuesto eléctrico del 5,11% al 0,5%, que aprueba hoy el Consejo de Ministros- que en cualquier caso dejarán en equilibrio las cuentas públicas del sistema eléctrico por el exceso de recaudación obtenido hasta ahora, según admiten fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, serán las eléctricas las que paguen la factura.

Para empezar, a las eléctricas se les aplica una rebaja retributiva de 2.600 millones con la minoración en los próximos seis meses de los “beneficios sobrevenidos inesperados” que nucleares, hidroeléctricas y renovables (no sujetas al mercado regulado) obtenían por los altos precios del gas natural en los mercados, consecuencia directa de la fijación del precio final por los ciclos combinados, que utilizan gas, y por tanto de su retribución, muy por encima de sus costes de generación. Esas eran las reglas del juego hasta ahora, pero el Gobierno las cambia.

Así, se establece un nuevo mecanismo de minoración, que coincide bastante con el del recorte por los dividendo del CO2. Se actúa no sobre la renta marginal sino sobre el beneficio sobrevenido en los mercados del gas por los ciclos combinados que marcan el precio marginal. Aquellas tecnologías que no soportan el coste del gas, las inframarginales no emisoras de CO2 y no sujetas a un mercado regulado (nuclear e hidráulica y las renovables que estén en mercado y no hayan acudido al mercado regulado ni a subastas, al margen de cuándo se pusieran en funcionamiento) están sujetas a ese “rejonazo” en la energía que produzcan estos seis meses. En función de su producción se calculará la sobreretribución y se exigirá que la devuelvan a mes vencido, en función de los cálculos del operador. El montante lo recabará la CNMC.

Para “favorecer la proporcionalidad” no se detraerá todo el sobreingreso. Se establece un suelo mínimo por debajo del cual no hay minoración de 20 euros MWh, que es el precio medio del gas natural en el mercado del MIBGAS desde 2017. Solo habrá minoración por encima de esos 20 euros MWh y tampoco se detrae el 100% sino el 90%. Los cálculos del Ministerio indican que afectará a 50 TWh en esos seis meses, lo que con los precios actuales, supondrá una minoración para las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) de 2.600 millones.

El Gobierno está convencido de que el “rejonazo” a las eléctricas es “acorde al derecho comunitario” y “proporcional en favor del interés general”, aunque da por descontado que las eléctricas recurrirán la medidas, según admiten fuentes del Ministerio que dirige Teresa Ribera. “Es normal que haya litigiosidad en un mercado tan regulado”, aseguran.

Las eléctricas consideran un sinsentido las medidas

Las eléctricas advierten de las consecuencias de los sucesivos recortes que se les pretende aplicar y aseguran que el Gobierno está perjudicando al 90% de la energía, que no sufre los vaivenes del mercado diario al tener precios fijos con las eléctricas en el mercado libre, para tratar de arreglar “los errores” de diseño de la tarifa regulada o PVPC, que afecta a unos 10 millones de clientes pero solo al 10% de la energía eléctrica. Asimismo, señalan que se perjudica especialmente a la energía nuclear lo que podría abocar a la paralización de las centrales al resultar inviables con los precios previstos a futuro.

Esta es la medida más contundente para rebajar los cargos en la factura, pero hay más. Además, el Gobierno inyectará 900 millones de euros adicionales al sistema, para reducir los cargos, provenientes de la recaudación de las subastas de CO2, hasta alcanzar los 2.000 millones durante el ejercicio (para 2021 estaban presupuestado 1.100 millones).

Con todo, se introducirá una actualización extraordinaria a los cargos hasta el 31 de diciembre para rebajar la parte regulada de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria.

Se “topa” la subida del gas, que no podrá superar el 5%

Además, se limitará durante un semestre el impacto del gas en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano. La subida en el próximo trimestre tampoco podrá superar el 5%. Es decir, las eléctricas financiarán esta partida para amortiguar las fuertes subidas previstas para el gas en otoño e invierno,aunque podrán recuperarlo en las siguientes actualizaciones de la TUR del gas.

Asimismo, el Gobierno ha introducido una medida para fomentar la liquidez en los mercados a plazos. El Gobierno considera que el mercado a plazos está insuficientemente utilizado porque los operadores tienen escasos incentivos y paraaumentar la liquidez de los mismos, se convocarán subastas de contratos de compra de energía.

Reforma del PVPC para reducir la volatilidad diaria

Las eléctricas dominantes ofertarán electricidad de forma proporcional a su cuota, y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año. La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%.

Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

Las eléctricas también cargan contra esta medida. La consideran imposible ya que ya tienen el 100% de la energía vendida a plazo y se preguntan a qué clientes se le quita su contrato estable y su energía para poder cumplir con la obligación de las subastas.