La presidenta de la JUR rompió el secreto profesional con la quiebra del Popular y precipitó su caída

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, habría incumplido el secreto profesional exigido por el reglamento del organismo, al asegurar públicamente en televisión que estaban analizando la situación del Banco Popular semanas antes de su resolución, en junio de 2017. Según este texto, que establece normas comunes y un procedimiento de resolución uniforme para toda la Unión Europea, “la mera información de que la JUR y las autoridades nacionales están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en éste”.

De ahí que sea “necesario garantizar que se dispone de los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de esa información, como el contenido y los pormenores de los planes de resolución y el resultado de cualquier evaluación en ese contexto”. El artículo 88 del reglamento prevé que los miembros de la JUR y el personal en régimen de intercambio o en comisión de servicio enviado por los Estados miembros quedarán sujetos al secreto profesional incluso después de haber cesado en sus funciones. Esta disposición prohíbe a todos ellos revelar información confidencial que hayan recibido en el transcurso de su actividad profesional o que les haya sido remitida por una autoridad competente.

¿De dónde viene la polémica?

Esta semana, la declaración del expresidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Jaime Ponce ha devuelto a escena la polémica por las palabras de König en una entrevista en la cadena de televisión Bloomberg el 23 de mayo de 2017, dos semanas antes de la resolución del Popular. En plena crisis del banco más antiguo del mundo, el italiano Monte dei Paschi, el periodista preguntó a la presidenta de la JUR por el Popular dado el desplome del precio de sus “CoCos” o bonos convertibles contingentes, instrumentos diseñados para ayudar a entidades con problemas.

En su respuesta, König admitió que el banco español era “uno de los casos” que estaban viendo, “pero no el único”. Esa afirmación no sentó bien a Ponce, que envió a su homóloga dos correos electrónicos para afearle su conducta.

Por entonces, el FROB ya conocía la preocupación de Europa por el Popular, tal como explicó al juez el que fuera su director de Resolución Javier Torres, que aseguró que los representantes de la JUR les advirtieron de que tenían que estar “no sólo pasivamente alerta sino manos a la obra” por si las cosas empeoraban. La versión de König y la publicación de filtraciones de origen desconocido coincidieron con el fuerte desplome de la cotización bursátil del Popular, ante el miedo de los inversores a la liquidación.

Silencio en el Congreso

A partir de entonces, la presidenta de la JUR esquivó cualquier posible alusión al Popular, como se vio durante su intervención en la Comisión del Congreso sobre la crisis financiera, en la que eludió dar más detalles amparada en el deber de confidencialidad. No obstante, se pronunció sobre sus comentarios en televisión, que, según aclaró, eran mucho más generales.

Esta actitud despertó las críticas de los partidos políticos, y el reproche de la presidenta de la Comisión, Ana Oramas. Ahora, casi cuatro años después de la resolución del banco, el juez que investiga las dos últimas gestiones del Popular no pierde de vista a König, a la que ha citado en calidad de testigo para el próximo 27 de julio.

En aquel auto, el magistrado sostenía que tanto la entrevista en Bloomberg como otras informaciones aparecidas en prensa pudieron tener un impacto muy negativo en la liquidez de la entidad, alentando la retirada de depósitos de los clientes. Por este motivo, cree que “resulta absolutamente necesario” que König comparezca y explique “qué le llevó a manifestar en un programa de televisión” tales consideraciones, que “parecen vulnerar el ‘parámetro de confidencialidad’ exigible por ley”.

Un cargo con cierta inmunidad

Más taxativo aún ha estado el juez en sus últimos interrogatorios, en los que se ha sorprendido por que nadie presentara una queja formal contra la presidenta de la JUR, que tiene que guardar confidencialidad absoluta, la misma que -dijo- llevó al extremo en el Congreso. Sin embargo, en virtud del reglamento de la JUR, los miembros y el personal del organismo quedan vinculados al protocolo sobre los privilegios e inmunidades anejo a los dos principales tratados de la Unión Europea.

Así, los funcionarios y agentes “gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos con carácter oficial, incluidas sus manifestaciones orales y escritas”, sin perjuicio de las normas relativas a la responsabilidad de estos servidores públicos y la competencia de la Justicia comunitaria. Esta inmunidad seguiría siendo efectiva después de haber cesado en sus funciones, informa Efe.