El juez impulsa la investigación sobre la ampliación de capital del Popular

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado al Banco Santander diversa documentación para intentar esclarecer si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para su ampliación de capital de 2016 y si “de forma deliberada no la restó del capital regulatorio”. El magistrado, que investiga si el Popular ocultó el auténtico destino de la financiación para evitar deducirla del capital regulatorio, ha acordado llevar a cabo una investigación pericial para acreditar si “la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo” mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.

Ahora, el titular del Jugado Central de Instrucción número 4 del citado tribunal da 30 días de plazo al Banco de Santander (que en 2017 adquirió el Popular, ya en quiebra, por un euro) para que aporte tres ficheros sobre los suscriptores de la ampliación de capital que no eran empleados y en relación a la financiación a esos suscriptores entre el 25 de mayo y el 20 de junio de 2016. Del mismo modo, quiere documentación sobre los incrementos de financiación con clientes no empleados en el mismo periodo.

En la resolución, el instructor -que citó a declarar el pasado enero como investigados a cinco ex directivos del Popular por estafa a inversores o falsedad contable en relación a su posible participación en esa operación- considera de “enorme trascendencia” un informe de octubre de 2017 remitido por el exvicesecretario del consejo de administración del Popular Heraclio Peña que fue incorporado al procedimiento a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Del que se deduce, asegura, que tanto el consejero delegado del Banco Popular como los entonces directores generales de los departamentos de Banca Minorista y de Negocio de Clientes “lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial -a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela a fin de participar en la referida ampliación de capital”.

Según el juez de la Audiencia Nacional los indicios apuntan a que “los máximos directivos de departamentos estratégicos del banco” como Intervención General, Auditoría Interna y Riesgos, “conocieron y consintieron dicha financiación”. Incluso el director de Cumplimiento Normativo de la entidad, añade, “puso en conocimiento de la oficina del consejero delegado que la red comercial estaba financiando la adquisición de acciones de la ampliación de capital sin que conste que dicho consejero adoptara ninguna medida concreta”.

El auto recuerda que el Manual de Políticas de Riesgo de la entidad prohibía expresamente “la financiación para la compra de acciones y preferentes del Grupo”, por lo que tanto las sucursales como las direcciones regionales y territoriales conocían esa prohibición “expresa y categórica” que habrían eludido “haciendo constar como destino de los créditos otros distritos a la financiación de acciones”.

Ratios de capital regulatorio sobrevalorados

Calama subraya además que el Reglamento de la Unión Europea 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo impide que los instrumentos de capital y su adquisición sean financiados directa o indirectamente por la entidad. Sin embargo, en este caso el Popular “otorgó financiación a determinados clientes y de forma deliberada no la restó del capital regulatorio”, por lo que el banco ofreció al mercado “unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales, vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo”, concluye.

De ahí que el magistrado vea necesario impulsar una investigación específica sobre el alcance de la financiación de parte de la ampliación de capital de 2016. Y más aún ante la extrañeza que le causa, recalca, que el departamento de Auditoría Interna no indagara en lo sucedido y que el trabajo de investigación desempeñado por los vicesecretarios del consejo de administración orillase “de forma consciente cualquier examen de operaciones concretas”, algo que, dice, “causa estupefacción”.

Calama imputó en esta causa en noviembre del pasado año al exdirector de Banca Minorista del Popular, Antonio Pujol González; al exjefe del área de Negocio de Clientes José Ramón Alonso; al que fuera responsable de Riesgos, Jose María Sagardoy; al exdirector de Auditoría Interna, Jesús Arellano, y a la exjefa de ese departamento Yolanda García. El magistrado cree que conocieron y consintieron la actuación comercial que se iba a desarrollar para que los clientes invirtieran en la ampliación de capital con financiación del banco (a través de pólizas de crédito o préstamos), según Calama probablemente con un tipo de interés bonificado.

Con anterioridad, varios testigos que participaron en la ampliación de capital ya aseguraron al instructor que los directivos del banco les ofrecieron sin ambages financiación para participar en dicha ampliación.

La Audiencia investiga además por estos mismos hechos al expresidente del Popular Ángel Ron, al exconsejero delegado Francisco Gómez y al que fuera director financiero de la entidad Javier Moreno.