Vivienda
El Ejecutivo confirma que no perpetuará la moratoria de los desahucios de okupas
La ministra Montero intenta conciliar en esta cuestión con Unidas Podemos, partidaria de eternizar la medida en la futura Ley de Vivienda
Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado día 22 de enero, el Gobierno cierra la puerta definitivamente a prorrogar la moratoria sine die como pide Podemos de los desahucios más allá del fin del estado de alarma, que, en principio, concluye el próximo día 9 de mayo, en su futura Ley de Vivienda, que en las próximas semanas presentará al Gabinete de Sánchez el ministro de Transportes. Así lo confirmó hoy por boca de su ministra portavoz del Ejecutivo, al término del Consejo de Ministros. No obstante, la titular de Hacienda recurrió a un tono conciliador a la hora de abordar esta cuestión por la posición totalmente contraria que mantiene los socios del Gobierno de Sánchez, partidarios de eternizar esta moratoria. En ese sentido, María Jesús Montero restó importancia a las discrepancias internas suscitadas entre los socios de la coalición. Según su relato, la futura ley no perpetuará esta prórroga, aunque insistió en esperar a la redacción final de la misma. A su juicio, el Gobierno ha decidido no mirarse el ombligo y concentrarse en trabajar por los más vulnerables.
Pese a las tensiones a costa de esta materia, en la agenda de la Secretaría General de Vivienda figura la culminación de la elaboración de la ley a finales del próximo mes de febrero, después de someterla a información pública hasta el 15 de noviembre y tras estudiar los cambios normativos con el sector y con las entidades afectadas durante diciembre, así como confrontar con la Secretaría de Derechos Sociales, cuyos dirigentes y los de Transportes se reunieron ya en la segunda quincena de enero para analizar este punto.
Por tanto, la moratoria de los desahucios de los okupas tiene fecha de caducidad, una vez concluya el estado de alarma. «Estas medidas están pensadas para esta situación de excepcionalidad. En el momento en que termine, seguirá vigente la legislación ordinaria», aseguró hoy Montero. En ese sentido, fuentes del Ministerio de Transportes recuerdan que el derecho a la propiedad está consagrado por la ley. Pese a ello, Transportes no quiere entrar en un enfrentamiento directo con Podemos y la portavoz tampoco. De ahí que hoy hiciera gala de un tono conciliador en todo momento, al término del Consejo de Ministros.
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