La Audiencia investigará si la venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña fue una estafa

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida y contra la seguridad de los trabajadores contra diez personas físicas y nueve sociedades por el proceso de venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña.

El sindicato querellante se considera perjudicada por lo que considera un “engaño” del que fueron objeto además CC OO, UGT, USO y CIG (representación sindical en el comité de empresa de los centros de Alcoa) en la formalización de los acuerdos relativos al ERE que extinguió los contratos de trabajo de la totalidad de los empleados de los centros de Alcoa Inespal en ambas localidades.

La querella se dirige entre otros contra Víctor Rubén Domenech, directivo del Grupo Industrial Riesgo (que se hizo con ambas plantas), y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.

La magistrada encarga a la UDEF una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes.

Además, añade, “teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella”, Tardón solicita también a la unidad policial que le informe sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia, entre otros extremos.

Según la denuncia, la compañía estadounidense Alcoa Inespal se dedicaba a la producción de aluminio y aglutinaba en sus dos centros de La Coruña y Avilés a 688 trabajadores. El sindicato afirma que la empresa engañó a los sindicatos en el marco de la negociación de la extinción colectiva de la relación laboral, iniciado el 17 de octubre de 2018, eludiendo de esta forma “el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros”.

La querella relata todo el proceso de venta y concluye que con sus actuaciones “los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el Plan de Negocios, ni el del pago de los salarios de los trabajadores, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo”.

Una conducta con la que, asimismo, se habría llevado a cabo el incumplimiento de las cláusulas de contratación, lo que determinaría la liberación de Alcoa de la obligación de invertir (en el acuerdo asumía un desembolso de 95 millones de dólares pagaderos en 21 meses desde la venta, para el mantenimiento de la plantilla, con un coste salarial aproximado 42,5 millones de dólares anuales), la ejecución de plan de negocio y la adopción de medidas de protección para evitar el destino de los fondos a fin distinto, destinándose 20 millones por cada planta para la realización de inversiones.

La Confederación de Cuadros Profesionales sostiene que lo primero que hace Alcoa es bloquear la inversión de los 40 millones de dólares, consignándolo notarialmente, lo que frenó las inversiones y el pago de los salarios, pagos de seguridad social y las aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores que seguían unidos a la empresa. Los trabajadores de las plantas, denuncian, carecen de trabajo efectivo y tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido.

En su resolución, la juez recuerda que en el procedimiento sobre los despidos colectivos de la factoría de Alcoa de San Ciprián (Lugo), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró el pasado septiembre su nulidad y condenó a la empresa a reincorporar a los 524 trabajadores afectados, al entender que Alcoa actuó con mala fe en las negociaciones (en un proceso paralelo y similar al seguido en las dos factorías a las que afecta la presente querella) pues su único fin era “apagar las cubas electrolíticas para cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”.

Tardón apunta también que las negociaciones de Alcoa con una empresa para vender la planta “permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica” y que la misma entró en la negociación “con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo de no llegar a un acuerdo final”.