Merkel deshoja la margarita. La canciller alemana no ha pronunciado –al menos no por el momento– uno de sus temibles «nein». Ante el peligro de que los planes de estímulo fiscal a cargo de los presupuestos nacionales para luchar contra los estragos económicos del coronavirus acaben penalizando la colocación de deuda pública de los países con menor margen de maniobra (como Italia o España), otra vez aparece sobre la mesa la posibilidad de mutualizar riesgos a través de eurobonos, emisiones de deuda conjunta de los países de la zona euro. Una opción a la que Alemania y otros países partidarios de la ortodoxia fiscal como Holanda siempre se habían opuesto con fiereza, incluso en los peores momento de la crisis de deuda de la zona euro de hace unos años.

La última en poner esta idea sobre la mesa ha sido la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que ayer abrió la puerta a los bautizados como «coronabonos» en una entrevista concedida a la radio pública alemana. Von der Leyen reconoció que Bruselas «está estudiando todos los instrumentos», lo que también incluiría las emisiones de deuda conjunta. «Eso también vale para los coronabonos. Si ayudan, si están estructurados correctamente, serán desplegados», añadió la alemana sin dar más detalles.

Esta iniciativa ya fue abordada en la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete por videoconferencia, sin que se produjeran avances concretos. El pasado lunes, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro debatieron también la posibilidad de que el fondo de rescate permanente utilizado para auxiliar a los países con problemas de financiación en los mercados durante los peores momentos de la crisis de deuda pueda servir para proveer de líneas de crédito preventivas, sin que sea necesario que los países europeos lleven a cabo recortes presupuestarios, en un momento en el que precisamente Bruselas les anima a hacer todo lo contrario.

De hecho, ayer el Ejecutivo comunitario activó por primera vez en su historia la «cláusula de salvaguarda», que permite a los países europeos no cumplir los objetivos de déficit y deuda que les exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ante un choque económico severo. «Esto es nuevo y no lo habíamos hecho nunca», anunció la presidenta de la Comisión Europea en un vídeo colgado en Twitter. Aunque esta cláusula requiere la aprobación de las cancillerías europeas para que pueda aplicarse, en la pasada reunión del lunes ya quedó claro que ningún país se opone ante lo excepcional de las circunstancias. En otras ocasiones, como las ayudas a la banca, la crisis de refugiados y la amenaza yihadista, el Ejecutivo comunitario también había aplicado con manga ancha el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero es la primera vez que, al menos de facto, queda completamente suspendido.

En el caso de España, Bruselas exigía al Gobierno de Pedro Sánchez un ajuste estructural (no sujeto a los vientos a favor o en contra del ciclo económico) del 0,65% del PIB, el equivalente a unos 7.800 millones de euros.