La jueza dice que la Generalitat conocía el peligro en el Poyo horas antes de la alerta por las llamadas al 112

La jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana asegura en un auto que la Generalitat Valenciana "conocía perfectamente que el barranco (del Poyo) se había desbordado a su paso por el término de Chiva" tres horas antes de la alerta emitida a las 20:11 horas.

En su último auto, la jueza hace esa afirmación que relaciona con las llamadas que desde las 17:10 hizo una familia que perdió al padre y a dos hijos en el barranco del Poyo.

Los audios de las llamadas de esta familia, incorporados a la causa, "tienen una doble importancia", según la jueza.

Por un lado, porque "muestran el padecimiento que sufrió" la esposa y madre de estos fallecidos, "a quien nadie alertó".

Y por otro porque "confirman que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente" que el barranco se había desbordado "con tal intensidad que finalmente tres miembros de una misma familia acabaron pereciendo ante la impotencia" de Elena.

En la primera llamada de uno de sus hijos al 112, a las 17:10 horas, relata: "No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río". Y manifiesta cuando se le pregunta si necesitan un rescate inminente que "hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa".

Añadía: "les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir" y "no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada.”

A la pregunta del 112 de si hay algún riesgo o peligro contesta: "Sí, de que se ahoguen; si salen de la casa se los lleva el río" y repite: "está inundado, están inundados".

En una segunda llamada dice nuevamente que sus padres, de 70 y 74 años, y dos hermanos están atrapados, insiste en que la vivienda pertenece a Chiva, que el agua ya les llega por encima de la mesa del comedor, "un metro, un metro y medio". "Se están ahogando mis padres en el chalet".

Más tarde dice al 112 que ha contactado con su madre y que "le llega el agua por el cuello".

La hermana de esta mujer, que presenció los hechos y que realizó tres llamadas a las 17:31, las 17:39 y las 17:51, "suplica que manden un helicóptero", que “hay una familia que se está ahogando”.

En una de esas llamadas relata que "se ha desbordado el río, que hay cuatro personas enganchadas a una ventana" que se van a ahogar porque "se los va a llevar el agua de un momento a otro, a los cuatro: dos chicos jóvenes, mi hermana y su marido”.

La Generalitat contesta

Por su parte, fuentes de Presidencia de la Generalitat respondieron al tener conocimiento del auto que "hay 29 miembros en el Cecopi y ninguno de ellos (ni AEMET ni CHJ ni Delegación del Gobierno ni 112) habló del Barranco del Poyo en toda la tarde. Ni una sola vez. El mensaje de ES-Alert se envía por la presa de Forata".

También se cuestionan por qué si la Aemet, la Delegación del Gobierno o la Confederación Hidrográfica del Júcar sabían que el barranco se estaba desbordando, "no dijeron nada en el Cecopi".

Explican además que "el 112 atendió todas las llamadas y dio aviso a los servicios de atención de emergencia, pero según confirman asistentes al Cecopi, como el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, no hubo ninguna comunicación al respecto del contenido de las mismas".

Y concluyen que "ninguna de las agencias responsables de la información que dice la jueza que permitían conocer que el barranco se estaba desbordando (AEMET, CHJ, 112) transmitieron nada al Cecopi de sus propios datos al respecto durante toda la tarde, y se cuestionan si tenía que ser la administración regional la que interpretara los datos de la AEMET en el lugar de la AEMET, y los datos de la CHJ en nombre de la CHJ

Auto suficientemente claro

La transcripción de estos audios están recogidos en un auto de la jueza en el que considera que no procede la petición de aclaración solicitada por el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, respecto al auto en el que se le cita como imputado y reafirma que las nuevas pruebas que se van conociendo "confirman la procedencia de lo ya resuelto, la imprescindible citación como investigados de Salomé Pradas -exconsellera de Justicia e Interior- y de Argüeso.

La defensa del ex secretario autonómico de Emergencias, que junto a Pradas está citado a declarar el próximo 11 de abril, había solicitado a la jueza que detallara la totalidad de víctimas mortales y dónde se levantó cada cadáver, pues considera que la mayoría de fallecidos, y los primeros levantamientos de cadáveres, se habrían producido en el ámbito de los juzgados de Torrent, no en el de Catarroja.

Reclamaba asimismo al juzgado que subsanara su auto del 10 de marzo para pormenorizar la totalidad de víctimas y sus circunstancias, y expresara "qué comportamiento, qué hechos u omisiones incardinables en algún artículo del Código Penal" se le imputaban, una petición que también ha sido desestimada.

Auto "suficientemente claro"

La jueza señala que el auto que emitió el 10 de marzo efectuaba un relato de hechos y circunstancias "suficientemente claro" al objeto de conocer el objeto de la investigación, su relevancia penal y por ello la procedencia de recibir declaración al investigado el próximo 11 de abril.

Añade, en un auto emitido este viernes y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que la representación letrada del investigado tiene acceso al procedimiento, por lo que carece de objeto su solicitud de aclaración del lugar y momento donde se levantaron los cadáveres de los fallecidos, cuestión que consta en el informe forense de autopsia emitido por el IML, y en el informe de identificación policial de cada una de las piezas.

En cuanto a la discrepancia de la defensa de Argüeso con el contenido del auto, la jueza considera que "parece ser que se desconoce la posible relevancia penal de los hechos objeto de la investigación y su relación con el investigado", y aclara que la discrepancia con la parte dispositiva del mencionado auto en la que acordaba su declaración como investigado debería plantearla "a través de los oportunos recursos" no a través de una solicitud de aclaración.

El auto, agrega, es consecuencia de las declaraciones de familiares y testigos, informes y documentación "obrante en la causa en el momento de su dictado".

En ellas "se detallan algunos, no la totalidad, de los casos" y la causa "sigue avanzando y se suman, no sólo nuevas declaraciones, sino también nuevas pruebas que confirman la procedencia de lo ya resuelto, la imprescindible citación como investigados de Salomé Pradas -exconsellera de Justicia e Interior- y de Emilio Argüeso".

Respecto de los indicios, añade, el auto de 10 de marzo de 2025 ya señalaba la ingente información de que se disponía por la Administración Autonómica, la AEMET, el 112, la Confederación Hidrográfica del Júcar o los medios de comunicación, "lo que hacía inexplicable la ausencia de respuesta por parte de la misma, la ausencia de avisos a la población, en cualquier lugar donde pudieran encontrarse, en la calle, en el trabajo, de camino a casa en sus coches, en los domicilios o en residencias de la tercera edad".

En cuanto a nuevas víctimas, añade el auto, se puede citar, entre otras, el fallecimiento en Paiporta de otro matrimonio, que murieron en el trastero-garaje de su vivienda, quedando encerrados y sin escapatoria, mientras sus dos hijos menores se encontraban en el domicilio.