Javier Orduña: «Asegurar la vida de las personas durante la DANA es competencia del Estado»

Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, es claro al afirmar que «la competencia fundamental en materia de seguridad pública o ciudadana la tiene el Estado, le compete exclusivamente».

Y lo dice únicamente desde un punto de vista normativo y doctrinal, a raíz de la polémica y el ruido surgido en el enfrentamiento entre el gobierno central y el autonómico sobre quién debió activar la emergencia y disponer de todos los medios el pasado 29 de octubre, durante el trágico suceso de la DANA que asoló la provincia de Valencia. Orduña descarta valoraciones políticas y se ciñe a la letra de la ley. Y añade que será el ámbito judicial quien dirima las responsabilidades de cada uno

El profesor Orduña es el principal artífice del principio de transparencia y de su aplicación en el ámbito de la administración, y fue Magistrado del Tribunal Supremo entre 2011 y 2019, desde donde emitió el voto particular en el que exigía a los bancos la devolución de los intereses cobrados indebidamente por las denominadas «cláusulas suelo», algo que, años después, fue secundado por una sentencia de la Unión Europea.

En una reciente intervención en un programa de televisión en Comarcal TV, el profesor Orduña explica que «desde el punto de vista normativo hay muchas cuestiones que admiten distintas interpretaciones, pero hay otros supuestos donde realmente no es así. Hay una cierta ordenación, una imperatividad de la norma que deja las cosas bastante claras. Hay que atender al sistema de competencias porque nos marca el primer criterio de responsabilidades. Al asumir unas competencias asumimos unas responsabilidades. La competencia fundamental en materia de seguridad pública o ciudadana está en el artículo 149.1.29 de la Constitución Española y ahí se ve como esa competencia de garantizar la seguridad pública le compete exclusivamente al Estado. Cuando estamos hablando de la integridad física estamos hablando de la seguridad pública, de que sigamos estando vivos. Pues esta competencia le corresponde al Estado de forma exclusiva, que ni la puede ceder ni la puede delegar. Otra cosas es que pueda tener en cuenta criterios de colaboración con determinadas actuaciones administrativas con órganos autonómicos o incluso locales. Y el Estado no hace eslabones vacíos sino que la normativa de aplicación responde a esta idea de que la ultima responsabilidad y la primera es del Estado».

En un repaso normativo, Orduña enumera que la ley 2/1985 sobre Protección Civil empieza a establecer un cierto criterio de colaboración con el estado autonómico. «Pero el artículo 15 nos dice que el Gobierno es el órgano superior de dirección y coordinación en Protección Civil». Y el artículo 16 nos dice que «el ministro del Interior es la autoridad superior». Continúa que «si nos vamos a la ley orgánica 5/2005 de Defensa Nacional cuando habla del Ejercito, no ya de la UME, sino del Ejército, nos dice que su misión fundamental es preservar la seguridad y bienestar de la ciudadanía en situaciones de grave riesgo o catástrofes».

Además, «la ley 17/2015 de 19 de julio que desarrollar la ley anterior de 1985 sobre el Sistema Nacional de Protección Civil nos establece un precepto muy claro en el artículo 29 y dice que cuando se establece un centro de emergencia aunque sea autonómico -el Cecopi- quien tiene la posibilidad de decretar la situación de emergencia es el ministro de Interior, que tiene la competencia exclusiva sobre seguridad pública. Y la puede decretar el ministro sin pedirle autorización a nadie». Y añade que «quién la puede solicitar -que te la pueden conceder o denegar- el presidente de la Comunidad autónoma, y en su caso, la delegada del Gobierno. Estos pueden solicitar, pero quien la puede decretar directamente de acuerdo con este cúspide normativa, no es otro que el ministro del Interior».

Respecto a la actuación de la UME «no es correcto lo que dice el general de que necesitaba la indicación del presidente de la Generalitat para poder intervenir, pero no es correcto porque lo dice el Real Decreto 1097/2011 en donde se detalla el protocolo de intervención de la UME y dice en el artículo 3.1 apartado A, que la UME puede ser ordenada en emergencia graves con independencia de que la emergencia sea declarada de interés nacional o no. La UME puede entrar y de hecho el propio general reconoció que había intervenido incluso antes de que se lo pidieran, porque el decreto te lo permite. Y efectivamente, en la orden 160/2019 en este sentido piramidal, le permite a la UME ordenar la intervención con la simple consulta o comunicación al titular del departamento, en este caso a la ministra de Defensa. Como vemos, no hay ningún vacío de poder en el Estado, y en un estado de las autonomías, respecto a una competencia que es de seguridad pública, siempre se guarda la potestad máxima. Y es lógico, porque así no hay ningún vacío de poder. Por lo tanto, ante la pregunta de quién debería haber declarado la emergencia y que ministerio debían estar, pues claramente el Ministerio del Interior y la ministra de Defensa. A partir de ahí habrá que preguntar por qué no se hizo la intervención.

[[H3:«Que la pidan»]]

Considera que las palabras del presidente Sánchez de que «si necesitan más recursos que los pidan» le van a perseguir toda la vida. «Es una frase que pretende eludir responsabilidades: si no me lo piden no soy responsable. Esta ecuación no es correcta, te lo pidan o no te lo pidan tu tienes la responsabilidad que te da el ser jefe del Gobierno, y es competencial y es directa y por lo tanto tienes que responder por ella, con independencia de que te lo pidan o no».

Orduña también considera que «la indemnidad no se va a recuperar si no se tiene tranquilidad patrimonial porque sin las obras necesarias desde hace 25 años, los inmuebles de la zona no valen un euro porque nadie va a querer vivir ahí. No hay que vivir pendiente del móvil, hay que vivir a resguardo y para ello son necesarias obras que eviten catástrofes, como es el caso del cauce nuevo que funcionó perfectamente e hizo que Valencia no se inundara".

El catedrático amplía a LA RAZÓN que "para que realmente la reconstrucción sea creíble, los valencianos necesitan esas obras y su vida no depende de una llamada de teléfono o de una alerta". Y considera que "es un hecho objetivo que la Comunitat Valenciana ha estado discriminada en lo que los técnicos llaman financiación por renta, pero también por obra pública, como es el caso del corredor mediterráneo. En infraestructuras hidráulicas el caso valenciano es tremendo. Se han anunciado partidas que no se han hecho y han ido a otros territorios". Que el cambio climático mata "es una cosa espuria para eludir una responsabilidad, lo que mata es la falta de infraestructuras: los puntos negros de las carreteras, los pasos a nivel, eso es lo que mata directamente".

Cogobernanza

Respecto a la tan aludida cogobernanza, Orduña considera que "estamos viendo en la normativa aplicable que no es así, hay distintos ámbitos de responsabilidad y cada eslabón tiene su posibilidad de decidir. El ámbito más posible de decisión es el del presidente del Gobierno y sus ministros, y no hay una situación de cogobernanza, yo diría que hay una situación de gobernanza en un estado que es unitario; que está territorialmente formulado bajo autonomías pero que en ningún caso es una confederación de estados. Hay por tanto una unidad competencial y una unidad de responsabilidad, aunque haya órganos como el Cecopi que están dentro de un sistema general de alarma, esos órganos no borran para nada la responsabilidad directa que tiene a nivel competencial".

Respecto a la confederación Hidrográfica del Júcar, considera el profesor que el CHJ no hizo las obras. "Aquí no vale excusas de presupuestos. He oído decir que se oponía a la ley de huerta de Ximo Puig, pero es que esa es una ley autonómica y no puede oponerse a leyes estatales que por interés nacional realicen estas obras. Estas obras se debieron hacer porque eran obras vitales para la gente. En Derecho Civil la actuación pasiva también genera responsabilidad y en este caso habrá que decir cada uno en su esfera por qué no se hicieron".

Por último, señala respecto a las ayudas que "el concepto de indemnidad que se maneja es una ficción. El concepto irreal de volver a estar como en el estadio anterior no se va a conseguir ni de una forma aproximada, realmente solamente lo que podemos calificar de ayudas directas es un criterio indemnizatorio en sentido pleno. Todo lo que no sea ayuda directa no es criterio indemnizatorio, es más bien paliativo: no te reparan la situación que tu tenías antes de que se produjeran estos acontecimientos", concluye.