Informe de expertos: el Gobierno debería aportar 6.000 millones más para la dana

Las pérdidas en activos ocasionadas por la dana del pasado 29 de octubre, no serán inferiores a los 17.000 millones de euros, una cifra muy superior a las estimadas en términos de reducción del PIB de 2024. Así lo refleja un informe sobre el impacto económico de la tragedia presentado ayer por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en el que se indica que el 35 por ciento de los activos de la provincia de Valencia están en la zona afectada por la catástrofe.

El director adjunto del IVIE, Joaquín Maudos, ha recordado que, según los datos hechos públicos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), las ayudas totales anunciadas -entre el Gobierno central y la Generalitat valenciana- ascienden a 18.364 millones, de los cuales 1.300 proceden del Gobierno valenciano y 15.152 del Estado. De dicha cifra, 5.000 millones de euros son avales, mientras que otros 1.740 millones son préstamos. Es decir, las ayudas directas no reembolsables serían de unos 11.000 millones de euros, por lo que serían necesarios otros 6.000 para cubrir el impacto sobre los activos.

El director del IVIE, Francisco Pérez, aseguró que «hacen falta más ayudas y con mayor rapidez, tanto a los hogares como a los municipios afectados, y tienen que venir del Estado, porque para atender estos fenómenos la capacidad de ayudar es mayor si el ámbito del que sale la ayuda es mas grande».

Además, recordó que «la situación de las financias publicas valencianas es muy precaria, la Generalitat no puede acudir a los mercados financieros para endeudarse para atender estos problemas, en todo caso puede acudir al FLA o a algún instrumento semejante, por lo tanto tiene que venir de fuera».

Maudos ha añadido que «las ayudas han de tener la cuantía y la intensidad para recuperar los ingresos perdidos y los costes de los activos deteriorados -sobre todo en las áreas más afectadas-, ya que de lo contrario la recuperación se puede enquistar en el tiempo».

Con respecto a las causas de la tragedia, el informe hace hincapié en que la zona inundada se trata de un territorio fuertemente «antropizado», donde la actividad humana ha ido ocupando el espacio para implantar viviendas, zonas de servicios, o agrícolas y empresariales.

Además, subrayan que el esfuerzo inversor en infraestructuras hídricas públicas ha ido descendiendo a lo largo de los últimos años, de manera que desde el año 2000 hasta el 2021, el grueso de la inversión pública en esta materia ha pasado de 250 millones de euros anuales durante la primera década del siglo, hasta los 50 millones anuales. El punto de inflexión de la debacle, según los expertos, fue la crisis financiera iniciada en el año 2009, a partir de la cual el gasto en este tipo de inversiones fue descendiendo, al ser mucho menos llamativo que el gasto social. «Las infraestructuras ofrecen menos resistencia que los gastos sociales», señala Pérez, quien subraya que, sin embargo, esto implica un gran riesgo, puesto que la cantidad de fenómenos meteorológicos adversos va en aumento como consecuencia del cambio climático.

En este sentido, y en el apartado de recomendaciones, Maudos ha indicado que «es necesario revisar el ranking de prioridades del gasto público» y asegura que «la inversión en infraestructuras es muy importante para el crecimiento de la competitividad, hay que proteger las infraestructuras, cosa que no se ha hecho, por lo que tenemos menos capital público neto que antes de la crisis financiera y además son medidas preventivas», destaca.

Otra de las propuestas de los expertos es la de «monitorizar la recuperación», algo para lo que señalan que el seguimiento de los ERTE «aporta mucha información». Los tres sectores más afectados en este sentido son las manufacturas, el comercio y la hostelería, si bien en la conocida como zona cero, los 15 municipios más afectados, serían la hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. También han realizado un llamamiento a las administraciones para aprovechar el potencial de las herramientas de georeferenciación de la información. «Hay que aprovechar toda la información de la que disponemos».