La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha responsabilizado hoy al PP de haber frenado las actuaciones y obras de emergencia que estaban previstas en el barranco del Poyo, en Valencia, una de las zonas donde se desencadenaron las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Desde la Generalitat valenciana han desmentido esta afirmación aportando documentación al respecto. Apuntan que el 16 de septiembre de 2021 se celebró una jornada para presentar los "Planes de Gestión de Riesgo frente a la Inundaciones de las demarcaciones hidrográficas de segundo ciclo". En este foro se explicaron los proyectos ya preparados y que habían sido sometidos al análisis coste- beneficio, una condición que marca la trasposición de la directiva europea. Entre las infraestructuras que se presentaron figura el acondicionamiento del barranco de la Saleta, tramo Aldaia nuevo cauce del Turia y la vía verde de conexión con el barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia. Se suma otra infraestructura más en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el encauzamiento del barranco Juan de Mora, que no está en la zona afectada por la última DANA.

A continuación se reconoce explícitamente que ambos proyectos están "paralizados por falta de disponibilidad presupuestaria y proyectos ambientales". En el caso del barranco de la Saleta se especifica que cuenta con el análisis de coste- beneficio positivo y se destaca que se han constatado "68 inundaciones históricas y más de 10 desde el año 2000".

En este documento se especifica que la tramitación ambiental es complicada debido al plan de acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de Valencia, aprobado por el decreto 219/2018. Así queda reflejado en el "Informe de seguimiento del Plan de Seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación en la demarcación hidrográfica del Júcar del año 2022". También se presentan dudas sobre la validez de la declaración de impacto ambiental vigente (2012), por obras ejecutadas en 2017.

Por otra parte, como ya publicó LA RAZÓN, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, emitió durante los años 2023 y 2024 los informes necesarios para que se pusiesen en marcha ambos proyectos, pero alertó de que las opciones escogidas eran "insuficientes" para evitar las inundaciones que se producen en los municipios que han quedado asolados por la DANA.

Así mismo, la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) confirmó a este diario que se había descartado la construcción de nuevas presas por motivos, fundamentalmente de impacto ambiental. La presa de Montesa es un proyecto que está actualmente en redacción pese a que se encuentra dentro del Plan de Defensa del Júcar presentado en el año 2000. Se trata de una presa de laminación que estaría ubicada en el río Canyoles, en los términos de Montesa y Vallada. Está presupuestada en 30 millones de euros.

Pendiente de impacto ambiental sigue el proyecto de adecuación y encauzamiento en el casco urbano de Aldaia y drenaje de caudales al barranco del Poyo. "Este proyecto está redactado y pendiente del pronunciamiento ambiental, por incompatibilidades con la Ley de protección de la Huerta", admitieron fuentes oficiales de la CHJ.

Este mismo organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, confirmó que otros tres proyectos, contemplados en etapas anteriores como necesarios para prevenir inundaciones han quedado descartados. Se trata de la presa de Sellent, en el municipio de Estubeny (Valencia), la de Vilamarxant, o un proyecto alternativo para la regulación de la parte baja del río Magro, origen de la tragedia.