La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha mantenido una reunión con representantes de los sindicatos de CC.OO y UGT y con la patronal de Plena Inclusión, FEAD, CERMI y LARES para informarles sobre las actuaciones previstas que ha puesto en marcha su departamento para “garantizar la gestión de los centros acción concertada”.

Durante el encuentro, la vicepresidenta segunda ha trasladado a los y las asistentes la hoja de ruta marcada por la Conselleria para “buscar una solución a la situación de los centros de acción concertada” y, así, ha especificado que las actuaciones pasan por tres líneas: la actualización del módulo para 2023, la mejora del módulo de 2024 y un plan de choque para abonar la deuda contraída por el anterior ejecutivo con entidades que gestionan las residencias, centros de menores, centros Mujer 24 horas o centros de personas con discapacidad, entre otras.

Actualización del módulo para 2023

Pese a las promesas del anterior ejecutivo, durante 2023 no se realizó ninguna actualización del módulo que contempla los precios por plaza y día de los centros y servicios, además de los gastos corrientes de su gestión.

Debido a esto, Susana Camarero ha explicado que en estos momentos continúa estando en vigor el módulo aprobado en 2022, que no contempla ni los aumentos de gastos generales de las entidades ni el incremento de salarios fijados en sus respectivos convenios colectivos.

La actualización del módulo de 2023 requiere contemplar un incremento del 8,7 por ciento (que se corresponde con el aumento del 5,7 % del IPC de 2022 y del 3 % de 2023) y el incremento de salarios según los distintos convenios de cada sector.

La vicepresidenta segunda ha indicado que, conscientes de las dificultades económicas que tienen las entidades por esta falta de compensación de sus gastos, se actualizará el módulo de 2023.

Mejora del módulo de la acción concertada para el 2024

La segunda línea que desarrollará el Consell es la mejora de los módulos de 2024. Para poder hacerlo, y tal como se ha manifestado a las entidades reiteradamente y en la comparecencia de presupuestos, “se ha recogido en el Proyecto de Ley de Presupuestos un incremento de 39 millones de euros para la mejora de los distintos módulos de la acción concertada” ha explicado la vicepresidenta segunda.

Esto va a suponer un aumento del módulo para los distintos centros que puede oscilar entre un 7 % de incremento en los centros de atención temprana, un 10 % en los centros de día para personas con discapacidad y hasta el 27 % para el módulo de viviendas tuteladas.

También ha señalado que se van a mejorar los precios del transporte pasando de los 6 euros por persona y día actuales a los 10 euros en 2024, “dando respuesta así a una de las reivindicaciones del sector”.

Plan de choque

Por último, la vicepresidenta segunda ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque para abonar la deuda contraída por el anterior ejecutivo con las entidades del sector, que asciende a más de 100 millones de euros correspondientes “a más 2.400 facturas encontradas en los cajones”.

Estas entidades llevan en enriquecimiento injusto desde hace más de 5 años, lo que les impide seguir prestando el servicio si no se les paga la deuda. Algunas de estas entidades, ha explicado Camarero, cuentan con facturas sin abonar desde 2018, “lo que ha puesto en peligro el cobro de los salarios de trabajadores y trabajadoras ante la imposibilidad de las entidades de poder abonarlos”.

Hasta la fecha, el Consell ya ha aprobado el pago de 39,5 millones de euros a distintas entidades para hacer frente a estos enriquecimientos.

Susana Camarero ha destacado que con estas tres líneas de actuación de la Conselleria “estamos haciendo frente a la pésima gestión, las deudas heredadas, las facturas en los cajones que nos dejaron Ximo Puig y sus socios, y las mentiras y falsas promesas a entidades que gestionan los centros de las personas más vulnerables”.