El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este lunes que el ayuntamiento va a impulsar una moratoria de dos años en la concesión de nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) para regular su impacto en el tejido urbano y social de la ciudad.

El equipo de gobierno, del PP, llevará esta propuesta al pleno del 19 de diciembre con el objetivo de "disponer de tiempo para revisar la regulación municipal sobre viviendas turísticas y desarrollar normativas específicas para garantizar un crecimiento turístico equilibrado y sostenible", además de contribuir a favorecer el acceso de los alicantinos a la vivienda.

La moratoria conllevará la suspensión, durante un plazo máximo de dos años, de la tramitación y del otorgamiento de licencias, declaraciones responsables, así como cualquier otro título habilitante para la implantación de nuevas VUT o cambios de uso, con alcance a todo el territorio de Alicante. Asimismo, quedará en suspenso el otorgamiento de cédulas de garantía urbanística e informes de compatibilidad urbanística en el ámbito afectado para el uso de VUT.

Esta medida “facilitará poder integrar en el plan municipal un límite en la densidad de viviendas de uso turístico por zonas y regular el impacto que esta situación genera sobre el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal, sobre todo en los barrios de mayor concentración”.

La decisión del ejecutivo local de Barcala se ha tomado tras analizar las conclusiones de los dos estudios elaborados por la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante y la empresa especializada Estrategia y Organización (EOSA) sobre la situación de la VUT en la ciudad.

Según estos informes, las limitaciones deberán basarse en un análisis detallado que contemple la capacidad de los servicios públicos, la conservación del carácter residencial de cada zona y la preservación de un equilibrio entre las actividades turísticas y las necesidades de los residentes locales.

La determinación de estos límites permitirá regular el número de licencias emitidas por barrio o zona, adaptándose a la situación particular de cada área, con énfasis en aquellas que ya muestran signos de saturación turística.

Además, el Ayuntamiento de Alicante realizará revisiones periódicas de las licencias otorgadas para evaluar el cumplimiento de las normativas y si se detectan problemas significativos en la calidad de vida o en la accesibilidad a la vivienda se podría proceder a la retirada o no renovación de las licencias.

El consistorio ha incidido en que se sigue trabajando en las campañas de inspección de los apartamentos turísticos de la ciudad y el levantamiento de actas de suspensión de actividad a los que ejercen la actividad sin licencia o incumplen la normativa, a la espera de materializar la asunción de competencias en materia de imposición de sanciones por infracciones leves, graves y muy graves.

El Ayuntamiento ha informado de que prevé el desarrollo de planes urbanísticos para impulsar 6.000 viviendas en este mandato, de las cuales entre un 30 y un 40 por ciento serán protegidas, a lo que se suma que la ciudad ha ofrecido ya a la Generalitat ocho solares de patrimonio municipal para la construcción de aproximadamente 265 viviendas dentro del Plan Vive, a los que se sumarán otros en los próximos meses.