El juez que preside el tribunal de la Audiencia de Valencia que juzga la denominada causa Imelsa y cuya vista a comenzado hoy, ha admitido la petición de la defensa de Alfonso Rus acerca de que se realice una prueba pericial para saber si el “pen drive” que entregó la entonces diputada de Esquerra Unida y hoy consellera, Rosa Pérez Garijo, y que contenía las grabaciones del “yonki del dinero”, Marcos Benavent, habría sido manipulado por la propia Garijo.

La defensa de Rus alega que Garijo habría hecho un corta-pega “con una selección de grandes éxitos”, en alusión a las grabaciones realizadas a diversos cargos del PP.

Además, sostiene que la Fiscalía habría realizado todas las acusaciones en base a dicho “pen drive” pero que este mecanismo electrónico nunca fue “legalizado” ni se certificó la cadena de custodia ni se le dio a la Guardia Civil mediante traslado comunicado al juzgado, sino que fue otro “pen drive” concretamente el aportado por el suegro de Benavent, Mariano López, el que sí que cumplió todos los requisitos legales, al igual que el ordenador que también aportó López y cuyo disco duro, al parecer, está vacío.

La Fiscalía asegura que los dos “pen drive” son idénticos, mientras que las defensas afirman que uno tiene 41 archivo y el otro 44.

Según ha explicado el letrado de Rus “las actuaciones se inician porque Rosa Pérez Garijo, de EU, rival político de Alfonso Rus, aporta un pen drive de color blanco marca Kingstom. Y no existe acta de la entrega del pen drive a la UCO. Ni tenemos noticia de su cadena de custodia”.

Ha añadido que “Mariano López entrega también un pen drive y un ordenador, el 25 de septiembre de 2014. Estos equipos informáticos los custodia la Fiscalía. Y son entregados a la UCO para su volcado y análisis. Dicho análisis no existe. Todos los informes hacen referencia al pen drive de Rosa Pérez que nunca se entregó a la UCO alegando que dicho pen drive había sido extraído del ordenador”. Por lo que ha concluido que “todo lo que se ha introducido en la causa son de un pen drive “no legalizado”.

Por su parte, el fiscal ha alegado que el “pen drive” de Garijo “es el que vio la Guardia Civil. Y que el ordenador y el “pen drive” de Mariano López se precinto para protegerlo. Además, ha añadido que “Marcos Benavent nunca ha dicho que los audios estén manipulados, sino que los grabó él. Por ello, no es la Fiscalía quien dice que los audios no estén manipulados sino que lo dice Marcos Benavent”. También ha dicho que los audios de los dos “pen drive” son idénticos. Los cambios que se producen coinciden con la entrega de la documentación porque cuando se introducen en un ordenador ya cambia la fecha”.

La defensa de Rus, al igual que la de Marcos Benavent y la de otros imputados, pretenden invalidar la prueba que dio origen a la causa y de este modo, anular el proceso.

A petición del Ministerio Fiscal, el juez ha admitido que un especialista de la Guardia Civil participe en la pericia que se solicita.

Al menos diez conformidades

El juicio de la causa Imelsa que ha comenzado hoy en la Audiencia de Valencia ha visto las cuestiones previas de la defensa y del Ministerio Fiscal, quien ha solicitado y ha sido admitida la petición de que declare como testigo el actual presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, que fue consejero de Divalterra (antes Imelsa cuando sucedieron los hechos).

Además, también se ha admitido como cuestión previa que declaren en primer lugar los acusados que han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y han admitido los hechos. De este modo, la declaración de Rus se demorará todavía un día o dos al ser más de una decena los imputados que han conformado y que le precederán en la declaración.

El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva con el PP, Alfonso Rus, se enfrenta a su primer juicio por las diferentes piezas del caso Imelsa, en el que la Fiscalía Anticorrupción reclama para él y dos de sus más estrechos colaboradores una condena de 12 años de prisión.

En esta causa también está procesado el exsubdelegado del Gobierno en Valencia con el PSPV-PSOE Rafael Rubio, quien supuestamente designó a parte del grupo de trabajadores a nómina de la empresa pública Imelsa sin realizar tarea alguna en la misma. Por estos hechos se enfrenta a una petición de condena de 6 años.

Al igual que Rus, el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el que fue jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, se enfrentan a una petición de pena de doce años de prisión, dado que se unieron las causas por supuestos trabajadores ‘zombis’ en Imelsa y en Ciegsa (empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación).