2021 tocaba a su fin cuando se conoció que la Audiencia de Valencia decidía abrir una investigación para determinar si la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, había actuado correctamente cuando una menor tutelada denunció que un educador del centro en el que vivía había abusado de ella. Este hombre, Luis Ramírez, estaba casado en ese momento con Oltra, y fue condenado a cinco años de prisión por estos hechos. La sentencia tiene pendiente el recurso interpuesto en el Tribunal Supremo. Ahora, el juez quiere escuchar a la vicepresidenta y ha explicado al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) por qué quiere imputar a Oltra.

El 31 de diciembre el juzgado número 15 de Valenciaemitía un auto en el que se ordena esclarecer la actuación de cuatro funcionarios del departamento autonómico. En este documento se ordenaba la reapertura de la investigación y recogía un resumen de los hechos.

La denunciante, que en febrero de 2017 tenía 14 años de edad y se encontraba acogida bajo la tutela de la Generalitat, “puso en conocimiento de las responsables del centro donde estaba acogida que estaba siendo objeto de abusos sexuales por parte de un educador del centro”.

En la denuncia, esta joven expuso que responsables del centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas “tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses omitieron su deber de denunciar”.

“En lugar de ello, victimizaron a la niña, desacreditándola mediante argumentos ‘ad hominen’ y ataques personales; posteriormente en junio de 2017, cuando la niña contó a la Policía que estaba siendo abusada, intentaron que no le dieran crédito y realizaron una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía de Menores con el único propósito de desactivar la denuncia”, detalla la Audiencia sobre la denuncia que dio origen a este proceso.

Y añade que, “para ello, derivaron a la niña tutelada a un centro psicológico privado que elaboró un informe ‘ad hoc’; ocultaron esa ‘información reservada’ durante dos años y la destaparon a los pocos días de terminar el juicio; aplicaron un protocolo de abusos que elaboró ‘ex post’ el propio abusador de acuerdo con la directora del centro ypermitieron que durante todos esos meses abusador y víctima convivieran en el mismo centro”.

De este auto derivó la imputación de seis personas y posteriormente se citó a declarar a seis ocho altos cargos y funcionarios.El número final ha sido de 13. La última declaración se produjo el pasado miércoles. Vox, personado en una causa que abrió la propia menor y la entidad Gobierna-Te que dirige Cristina Seguí, ex dirigente de Vox, se ha ido encargando de relatar todo aquello que le parecía destacable jornada tras jornada.

La dirigente de la formación presente en las declaraciones ha insistido continuamente en que todos ellos han incurrido en contradiciones y tras la última comparecencia resaltó que el juez había puesto en entredicho la actuación de la Conselleria por no haber acompañado a la menor a denunciar los abusos.

El informe que se escribió sobre el caso de la menor es una de las claves de todo este proceso. Se trata de un dossier que la propia Oltra llegó a decir que había ordenado abrir. “Que no busquen más. Ese informe, el expediente, lo encargué yo. Y puedo dar las explicaciones aquí y donde haga falta”, llegó a decir en una intervención ante los medios. Días más tarde matizaba y decía que ella dijo que había que saber qué había pasado y que fue su jefe de Gabinete, Miquel Real, el que había dado la orden a la directora general de la Infancia, Rosa Molero.

Desde la Conselleria siempre se ha justificado que este expediente se abrió para saber qué había pasado. Sin embargo, el juez considera que se elaboró para desacreditar a la víctima y ahora cree que es Oltra la que debe hablar sobre esta cuestión, como no puede imputarla porque es aforada y eleva la petición al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).