Por qué el agua de las desaladoras no puede sustituir al agua del Tajo-Segura

El agua desalada no puede sustituir a la procedente del Tajo- Segura. Esta es la principal conclusión a la que llega un informe realizado por PriceWaterhouseCoopers (PWC) para el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo- Segura (Scrats).

El debate sobre si las desaladoras pueden suplir a los trasvases viene de lejos, pero aún no es cosa del pasado.

Corría el año 2004. El presidente Rodríguez Zapatero acababa de llegar al Gobierno y con él una ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que se había declarado durante la campaña “antitrasvasista”. Con ella, se derogó el artículo del Plan Hidrológico Nacional que incluía el trasvase del Ebro. Una infraestructura proyectada, licitada solo en parte, y con un bajísimo grado de ejecución.

Como alternativa, Narbona presentó el Programa AGUA que «llevaría más agua, más barata y más rápida» a las comunidades receptoras del trasvase.

La clave: la construcción de plantas desaladoras, unas instalaciones que, a día de hoy, todavía no han solucionado los problemas de sequía que de manera cíclica tiene la Comunitat Valenciana en general y el sur de Alicante, en particular.

Como Murcia y Almería dependen del agua de Tajo- Segura, transferencia que el Ministerio de Transición Ecológica quiere ir reduciendo con la aprobación de un Real Decreto que aumente el caudal ecológico en cabecera y que disminuiría hasta en 90 hectómetros cúbicos anuales los aportes actuales.

Como compensación, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que en los próximos meses «se podrá triplicar» la capacidad de la desaladora de Torrevieja.

El estudio la consultora PWC advierte de que las plantas que proveen a la zona del trasvase agua desalada, (Torrevieja en Alicante y Valdelentisco y Águilas en la Región de Murcia) no cuentan con las conducciones necesarias para llevar el agua que producen cerca de la costa hasta las explotaciones agrarias. Afirma que estas conexiones son «muy deficitarias y el agua desalinizada solo alcanza de forma directa a un número reducido de explotaciones, fundamentalmente, las situadas en la zona del campo de Cartagena».

Las conexiones no solo tardarán tiempo en ejecutarse, sino que además, «podrían resultar muy costosas, y si repercute el coste a los usuarios, podría incrementar el precio del agua».

Un coste que, «ya es de por sí elevado». El estudio de esta consultora afirma que cuesta entre 0,60 y 0,69 euros el metro cúbico, mientras que el precio medio del agua pagada por el trasvase durante 2019 fue cuatro veces más cara que el agua del trasvase».

Para que sea viable su uso agrícola, el Gobierno estableció por ley en 2018 que se regularían los mecanismos de subvención necesarios para que no excediera de los 0,3 euros el metro cúbico. «Sin embargo, esta ley está aún pendiente de desarrollo reglamentario».

El informe también advierte de que la composición del agua desalada «no es idónea para su uso directo en el riego y es necesario mezclarla con aguas continentales para corregir sus desequilibrios».

Por tanto, remarca solo supone una solución «útil» si se combina con aguas continentales procedentes del trasvase. «En momentos de escasez, existen también limitaciones al uso del agua desalada».

A la espera con una reunión con Ribera

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, asegura que, si es necesario, defenderá en los tribunales el trasvase Tajo- Segura. Alegó problemas de agenda para no sumarse al acto organizado por los otros dos presidentes autonómicos afectados por este recorte- Fernando Lópéz Miras (Región de Murcia) y Juan Manuel Moreno (Andalucía), y se ha mantenido firme en su postura. El martes tenía prevista una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar esta cuestión.

El encuentro fue cancelado por cuestiones logísticas» y se celebrará pronto, aseguran desde Presidencia. Mientras, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) espera a que les toque el turno. Insisten en que de este trasvase dependen 40.000 puestos de trabajo en la provincia de Alicante y piden que se concrete de dónde podrán obtener el agua si se llevan a cabo los recortes anunciados. «Esto no es ninguna guerra del agua, es una reivindicación justa».