Una reunión del Consejo de Ministros y un Real Decreto. Esto es lo único que hace falta para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda autorizar el aumento de la reserva en la cabecera del Tajo y, como consecuencia, reducir el agua que llega a Alicante, Murcia y Almería gracias a esta conducción.

«Es la cuarta o quinta vez que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, intenta cargarse el trasvase». El vicepresidente de la Federación de las Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva), José Antonio Andújar, expone a LA RAZÓN la preocupación de este colectivo.

«No hay diálogo ni negociación» y lamenta que la ministra no se reúna con este colectivo, pero sí lo hace con Castilla- La Mancha y con los grupos ecologistas.

Su interlocutor es el director general de Agua , Teodoro Estrela, un valenciano que trata de convencer, sin éxito, a los regantes de que esta historia tendrá un final beneficioso para ellos. «Lo que él nos transmite es incompatible con lo que dice la ministra».

Se les promete el agua de la desaladora de Torrevieja, pero las conducciones para transportarla «tardarán, con muy buen voluntad, siete u ocho años». Por tanto, reclama al Gobierno que diga de dónde va a salir el agua que se quedará en la cabecera. «No se puede decir que los regadíos sean de secano y que se autoabastezcan».

La penúltima amenaza a la que se enfrenta esta conducción, de la que dependen 40.000 empleos solo en Alicante, comenzó a producirse hace poco más de ocho meses.

Andújar explica que la preocupación comenzó cuando el Ministerio redujo las transferencias alegando que era necesario para controlar la contaminación del Campo de Cartagena.

En la práctica, esto supuso la llegada de menos agua para todo el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo- Segura (Scrats) conformado por 80 comunidades de regantes».

Ya entonces protestaron porque la solución del Ministerio a la contaminación del Mar Menor les afectaba a todos los regantes, pero nunca obtuvieron respuesta.

La sorpresa llegó cuando la ministra Ribera planteó una reducción gradual del trasvase. «Solo tiene razones políticas porque los informes dicen que lo más prudente sería esperarse a que se expongan al público las conclusiones y los estudios del plan de cuenca del Tajo, que es el que dirá si hay que aumentar los caudales en cabecera».

A lo largo del año, el recorte propuesto puede suponer hasta 90 hectómetros cúbicos menos de agua. «Cuando en la cabecera dicen que en Entrepeñas y Buendía están al 25 por ciento de su capacidad, significa que tienen 800 ó 900 hectómetros cúbicos. Con la mitad, en los 22 pantanos de la cuenca del Segura, somos campeones».

Detrás de toda esta pelea por los recursos hídricos hay décadas de infraestructuras no ejecutadas. Andújar admite que es necesario diluir las aguas no depuradas que llegan a Toledo desde Madrid. «Protestan por la calidad con toda la razón del mundo, pero yo les recuerdo que los regantes hemos pagado durante 42 años religiosamente para que el Ministerio dé dinero a los Gobiernos autonómicos y construyan depuradoras, en Castilla-La Mancha y Extremadura, pero gastan el dinero en otras necesidades».

Al final, este cúmulo de circunstancias acaba enfrentando a territorios. «Dicen que el Levante les roba, pero es falso porque con menos de 400 hectómetros en cabecera no hay trasvase».

Por su parte, el presidente de Fecoreva, Salvador Marín, lamenta que la ministra no se sienta cómoda con los regantes y considera que la postura de la Generalitat es tímida. «Cuando hay que dirigirse hacia Madrid, se ponen de lado diciendo que no quieren volver a la guerra del agua. No es una guerra, es una reivindicación» y exige su apoyo para un sector clave para la economía valenciana.