La convocatoria electoral del 12 de mayo y la disolución anticipada de la cámara del Parlament va a llevar algunas consecuencias. Una de ellas es que la ley trans catalana, la cual, entre otras cosas, ofrecía mediación entre padres y menores que discrepen sobre los tratamientos, se quedará a las puertas del trámite parlamentario.

El anteproyecto, que también buscaba mejorar la empleabilidad y el derecho a la vivienda del colectivo, no llegará a tiempo a ser enviado por el Govern. Fuentes de la conselleria de Igualdad y Feminismos así lo han confirmado, y han detallado que todavía lo tiene que aprobar en el Consell Executiu, la cual cosa tendría que ser, en su caso, debatido y aprobado en la próxima legislatura.

Sin embargo, la conselleria se muestra “optimista” sobre el futuro de la ley, aunque esta llegue con retraso por el proceso electoral. Aseguran que han conseguido tirar adelante un texto “muy consensuado” que podrá llegar al trámite parlamentario en un futuro, ya sea vía Govern o como propuesta de algunos grupos de la cámara catalana.

Además, preguntados sobre que pasará si el futuro Govern tiene un color diferente del actual, fuentes del departamento apuntan que, dado que en el anteproyecto se ha oído el conjunto de grupos así como las entidades, "lo lógico sería que el próximo ejecutivo tenga voluntad política y lleve este texto al Parlament". "No tendría sentido empezar de cero", han añadido desde el departamento de Igualdad y Feminismos, que recuerda que es una ley pensada para "blindar derechos básicos" en un contexto global "de pasos atrás" y discursos de odio.

En el texto, la Generalitat plantea un programa para atender la situación de aquellas personas trans expulsadas de casa por su identidad de género o que se encuentran en situación de sinhogarismo. También reconoce el derecho a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a aquellas personas transgénero entre 18 y 23 años víctimas de violencia por razón de identidad de género.

La ley incluye, por otra parte, el reconocimiento al acceso a la atención pública de este colectivo —menores y adultos— en situación administrativa irregular. Asimismo, también garantiza "el derecho de acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a todas las personas trans y con capacidad gestante y/o sus parejas".

Se añaden igualmente medidas contra la transfobia y la intersexfobia, ya que prohíbe explícitamente la apología, el fomento, la publicidad o la práctica de métodos o terapias de aversión o conversión, haciendo punible esta práctica también por la vía administrativa al ser considerada una infracción muy grave.

El anteproyecto de la nueva ley 'trans' del Govern prevé que, entre los 12 y los 16 años, pueda haber una mediación si los padres del menor, de entrada, rechazan los tratamientos médicos para la transición. Se apunta que estos menores deben tener derecho a expresar su opinión y voluntad en la toma de decisiones, "siempre que tengan suficiente madurez para formarse un juicio propio".

En este sentido, se establece que antes de los 16 años debe existir consentimiento del menor y de sus padres o representantes legales; a partir de esa edad, ya no es necesario tener el visto bueno de los progenitores. Entre los 12 y los 16 años, la ley contempla la mediación si no existe acuerdo entre padres e hijos ante el tratamiento.