El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, han defendido este martes la proposición de ley presentada en el Congreso para transferir a la Generalitat el control integral sobre la inmigración en Cataluña pactada con el PSOE, en una rueda de prensa conjunta. Un movimiento que, según ambos líderes, supone un paso clave en la consolidación de la "nación catalana", dotándola de herramientas para preservar su identidad, su lengua y su modelo de integración.

Puigdemont, que intervino telemáticamente, destacó "cuando entre en vigor la ley, nuestro sistema político e institucional gestionará competencias que normalmente ejercen los estados. Al final estaremos mucho más preparados para el futuro como nación". Además, ha destacado que la inmigración es un fenómeno "de presente y de futuro", pero advirtió de los riesgos que conlleva si no se gestiona adecuadamente. "Sin inmigración no hay progreso en muchos ámbitos, pero también sabemos que sin integración no hay nación", sostuvo, defendiendo que la nueva normativa permitirá proteger el modelo de vida catalán frente a dos amenazas: "la violencia y la radicalización religiosa" y "el auge de postulados xenófobos y racistas".

El expresidente ha asegurado que, con el modelo de inmigración actual, es imposible "asegurar el progreso económico y social de toda la sociedad catalana, ni podemos asegurar el futuro de nuestra identidad nacional basada en la lengua, en la cultura y en los valores propios de la catalanidad". Mientras que, a partir de ahora, al haberse producido "una delegación integral para gestionar de manera integral la inmigración, todo lo que tiene que ver con la vida de un extranjero en Cataluña pasará por la Generalitat".

De este modo, a su juicio, la Generalitat será ahora la garantía de una gestión eficaz que evite el "desbordamiento de los servicios públicos" y asegure la "identidad nacional basada en la lengua y la cultura". En este sentido, el expresidente ha aclarado que el catalán será un requisito para otorgar o renovar los permisos de residencia. "Hay que defender el derecho a vivir plenamente en catalán en Cataluña", ha asegurado Puigdemont, quien ha sentenciado que "el requisito de saber catalán es imprescindible para demostrar que te has arraigado a Cataluña".

Por su parte, Turull señaló que el traspaso de competencias en inmigración era una de las exigencias fundamentales de Junts en su negociación con el Gobierno. "Cataluña es una tierra de acogida, pero esta tierra tiene una identidad nacional, una lengua, unos derechos y unos deberes y unos valores de convivencia asociados a la catalanidad, de civismo, esfuerzo, solidaridad y tolerancia", afirmó, destacando que el control de la inmigración permitirá preservar esos valores y ayudar a integrar "a la lengua catalana". Turull insistió en que la inmigración debe gestionarse "con mentalidad de Estado", evitando tanto "el populismo" como "el buenismo".

Además, para Turull, esta ley dará mecanismos al Govern para afrontar uno de los principales retos, como es el demográfico: "ahora será posible una solución catalana a un reto catalán".

"Cataluña lleva muchos años por encima del resto de comunidades autónomas del Estado en cuanto a reparto de menores no acompañados, lo que pedimos es que el resto de comunidades hagan un esfuerzo para que estemos todos nivelados", ha explicado Puigdemont en referencia a la negativa de Junts a que Cataluña siga acogiendo más menores. "Ni tenemos más recursos para hacerlo, ni nos toca hacerlo".

En este sentido, el secretario general advirtió de que estarán "vigilantes" y que serán "garantes" de cara a que el Govern de la Generalitat gestione estos recursos "con mentalidad de Estado y no con mentalidad de ser la delegación del Gobierno de España en Cataluña". Turull insistió en que este avance es fruto de la "firmeza, el rigor y la discreción" en la estrategia de su partido, al tiempo que llamó a seguir presionando para lograr "más cosas" en el futuro y puso en valor lo conseguido hasta ahora: la amnistía y la aprobación del catalán en el Congreso.

La Generalitat tendrá plena autonomía

El acuerdo permite a la Generalitat asumir la concesión de permisos de residencia y trabajo, la contratación en origen, el control de fronteras y la integración de los inmigrantes. Según explicó la diputada y portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, la nueva ley establece que la Generalitat podrá decidir sobre la regularización o expulsión de extranjeros que no requieran expediente, así como exigir el cumplimiento de los derechos y deberes lingüísticos recogidos en el Estatut. "Se podrá reconocer derechos, pero también exigir deberes", remarcó.

"Las estancias de larga duración, que son esas estancias referentes a las actividades académicas, la residencia temporal y la residencia de larga duración. Cataluña podrá tramitar, conceder, renovar y extinguir estos permisos. En todos estos procedimientos la Generalitat pasará a gestionar todas las fases: iniciación, instrucción, resolución y la notificación de la resolución. Ante un extranejro sin papeles, la Generalitat podrá otorgar el permiso de residencia si la persona cumple los requisitos. O podrá iniciar y finalizar el procedimiento administrativo de expulsión si no cumple los requisitos" ha aclarado Nogueras.

Además, la diputada ha anunciado que los Mossos de Esquadra gestionarán las fronteras, los puertos y los aeropuertos en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil o la Policía Nacional. Para ello, el cuerpo de Mossos se tendrá que ampliar hasta los 26.800 agentes, una cifra superior a la que habían pactado previamente la Generalitat y el Estado en las bilaterales de la semana pasada, que concluyeron que el cuerpo contaría con 25.000 integrantes antes de 2030.

Por otro lado, el acuerdo establece que la Generalitat se encargará del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En un primer momento, de hecho, se habló abiertamente de "traspaso integral", pero después ya se convirtió en una "delegación de competencias" que se realizará a través del artículo 150.2 de la Constitución.