Polémica lingüística
Hablamos Español, Convivencia Cívica y 42 particulares denuncian la imposición del catalán en el ámbito laboral de la salud
Argumentan que las exigencias se han endurecido para muchos profesionales
Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español hemos interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Instituto Catalán de la Salud (ICS), por el abusivo requisito del catalán. A ellos se unen 42 profesionales de la salud, que dicen que “ahora se encuentran con una injusta y arbitraria barrera idiomática para poder estabilizar su plaza”.
Explican que el 30 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) la resolución de tres días antes de convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante los sistemas de concurso de méritos y de concurso oposición, y del proceso ordinario por el sistema de concurso oposición, para proveer plazas básicas del Instituto Catalán de la Salud. En dichas convocatorias se establece como requisito excluyente para participar, el acreditar un nivel de catalán (que se fija de manera individual para cada categoría). En caso de no disponer de la titulación acreditativa se deberá realizar un examen eliminatorio previo de catalán.
Reza el comunicado conjunto que “las entidades denunciantes con los profesionales que representamos, hemos argumentado la demanda en diversos preceptos, entre los que destacamos que el nivel de catalán que se exige en todas y cada una de las categorías objeto de la convocatoria, es desproporcionado y está totalmente injustificado, habiéndose adjudicado por mero automatismo. Se trata de puestos de trabajo que están siendo desempeñados por trabajadores con plena satisfacción y que en muchos casos no disponen de nivel alguno de catalán”.
Y “añaden que Entendemos que se da el supuesto que el Tribunal Constitucional ya anunció que infringiría el artículo 23.2 de la Constitución Española: exigir un conocimiento del catalán desproporcionado en función del tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar y que, por tanto es “contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública. Se está imponiendo un requisito para participar en las convocatorias que impide que cualquier ciudadano español que no haya estudiado en Cataluña y que no tenga el nivel de conocimiento de catalán exigido, desmedido para las funciones a desempeñar, pueda participar en el proceso selectivo. Así, mediante este requisito idiomático, todos los empleados demandantes que actualmente prestan sus servicios para ella y que no disponen del nivel de catalán exigido, no podrán participar en la convocatoria y no podrán adquirir la condición de fijos, pese a que muchos de ellos llevan siendo interinos más de 10 años”.