Borràs convierte su trama en un mitin independentista: "No renunciaré a la República"

Seria y con cierta pausa dramática, Laura Borràs desplegó unos papeles que llevaba con anotaciones y empezó el «show» ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la sala que la ha juzgado por fraccionar contratos públicos y otorgarlos a dedo. Una trama de corrupción que ayer trató de convertir en un mitin político de la mano de un discurso final de 16 minutos en el que se presentó como mártir, juró y perjuró su compromiso con la independencia «sea cual sea la sentencia», e incluso tuvo tiempo de acusar a ERC –y a la CUP– de inculparla al suspenderla como presidenta del Parlament.

«No renunciaré a mi ideología, ni a mis convicciones, ni a poder vivir en una República catalana independiente» sea «cual sea» la sentencia. «Yo llego aquí con una condena ya cumplida, me han linchado, criminalizado, caricaturizado. Ha habido un interés especial en presentarme como una corrupta» tras un «juicio público permanente» y «paralelo», lanzó Borràs ante la perplejidad del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, quien la interrumpió por sus excesos verbales. «Esto no es para hacer un discurso». «Se está alejando de los hechos», le recordó sin éxito en dos ocasiones.

Borràs siguió unos minutos más y centró su alegato en denunciar de nuevo que es víctima, según ella, de una «vulneración de derechos» y de «persecución política» por ser independentista y omitió que se trata de una causa por corrupción vinculada a su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ICL) entre 2013 y 2018, antes de su salto a la política. «Esta causa está vinculada a mis dos pasiones, las letras catalanas y la lucha independentista», reiteró la dirigente antes de negar las acusaciones de prevaricación y falsedad documental. Una frase que resume la vinculación, el puente que Borràs se empeña en tender entre la trama destapada a lo largo de este juicio por corrupción y la «lucha independentista».

Como buen mitin, Borràs citó a Martin Luther King y a Mercè Rodoreda e incluso se acordó de sus adversarios: avisó que «políticos disfrazados de jueces» la criminalizaron y «juzgaron» para suspenderla como presidenta del Parlament. Un dardo a ERC tras remarcar las «deserciones» que ha habido en los últimos meses en el movimiento independentista, una clara referencia a la estrategia del partido de Pere Aragonès y la negativa a apoyarla en esta causa.

Todo después de que la Fiscalía anunciara que mantiene la petición de seis años de prisión para Borràs y rebajara la del ex informático y colaborador tras confesar e incriminarla en el juicio. Ayer, en la última jornada de la vista oral, el Ministerio Público modificó las penas que inicialmente solicitaba para los otros dos acusados en el caso: Isaías Herrero, el mencionado amigo de Borràs y beneficiario de los contratos, y Andreu Pujol, quien supuestamente se prestó a facturar trabajos a su nombre para ocultar la presunta adjudicación a dedo. Para Herrero solicita ahora dos años de cárcel, mientras que para Pujol la reducción se queda en un año y dos meses. El motivo de la rebaja, argumentó la Fiscalía, es la aplicación de la atenuante de confesión a estos dos acusados, quienes en su declaración ante el tribunal confesaron las presuntas irregularidades y delataron a Laura Borràs, al admitir que los contratos se adjudicaron a dedo y que siguieron instrucciones de la presidenta de Junts sobre cómo ocultarlo.

En ese sentido, la fiscal Anticorrupción, Teresa Duerto, recordó que los acusados, a quienes atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental, «han declarado reconocer los hechos y la participación», lo que ha sido de vital «importancia para aclarar los hechos».

«La señora Borràs, en conjura con Isaías H., menospreció la confianza de los ciudadanos, actuó al margen de la normativa, tenía pleno conocimiento de que se fraccionaban contratos y de que se falseaban presupuestos. Ella era consciente de que lo que hacía era totalmente arbitrario y fue alertada de ello», explicó la fiscal para cerrar un contundente documento de conclusiones ante la sala del TSJC con el que inculpó a la presidenta de Junts.

Si Borràs destacó por su afán de convertir la causa en un mitin político, la fiscal llamó la atención por la minuciosidad de un informe que tardó dos horas en desgranar. De hecho, leyó correos enteros de Borràs y Herrero en los que ambos hablaban de fraccionar contratos para evitar pasar por un concurso público y así adjudicarlos a dedo y rechazó por completo el intento de los abogados de la dirigente para que no sean aceptados como pruebas. «La defensa [de Borràs] ha argumentado que se ha hecho una utilización ilegal de las instancias judiciales para provocar el repudio popular. Pues bien, nada más lejos de la realidad», zanjó.

En su declaración de la semana pasada como acusado, Herrero explicó que entre 2013 y 2018 ambos elaboraban unos presupuestos «comparsa», que acompañaban al principal para facilitar el fraccionamiento de contratos y la adjudicación posterior a dedo. En concreto y según Herrero, ambos troceaban los contratos para que no superasen los 18.000 euros.

El juicio queda ahora visto para sentencia.