La entidad probilinguismo y constitucionalista aseguró a este diario que su campaña a favor de la “escuela para todos”, es decir con el uso vehicular de los dos idiomas oficiales en Cataluña, va viento en popa y son cerca de 4.000, concretamente 3.864. Algunos de estos padres ya han conseguido la aplicación del 25 de clases en castellano, pero apoyan la causa. Se ha pasado en pocas semanas de las 300 familias adheridas a la citada cifra.

Hablamos Español también señaló que son cerca de 500.000 firmas certificadas presentadas en la Junta electoral central para una ley nacional de libertad de elección de lengua, unas 50.000 de ciudadanos catalane, y se acaban de entregar en las Cortes Valencianas 40.000.

Asimismo, dicen que “ahora estamos recogiendo firmas en Cataluña para que se aplique la sentencia y se vaya más allá, para que se pueda elegir lengua en la enseñanza”.

Las asociaciones constitucionalistas y probilingüistas Hablamos Español y Convivencia Cívica siguen llevando a cabo acciones conjuntas en Cataluña para obligar a la Generalitat a cumplir la sentencia que introduce el español como lengua vehicular en las escuelas. Ya presentaron la reclamación en nuestro nombre, como entidades, y en el de JUCIL, organización sindical mayoritaria de la Guardia Civil.

Se registró recientemente una tercera petición. Esta vez en nombre de la Ampa de un colegio de Sant Fost, que va a representar a todas las demás que pertenecen a la Federación Ampa Total, y lo han hecho para todo el sistema educativo de Cataluña, apelando a la misma legitimación que hemos pedido que se reconozca para las entidades que operan en Cataluña.

Desde Convivencia Cívica y Hablamos Español se ha promovido la creación de Ampas para reclamar el cumplimiento de la sentencia. Todas, excepto la de este colegio de Sant Fost, que será la de cabecera, las hemos formalizado ante notario para salvaguardar la privacidad de sus integrantes a los ojos de la Generalitat.

Si el Tribunal no permite que estas entidades o Ampa total como federación puedan pedir la plicación para todos los centros de Cataluña, entonces el Ampa de Sant Fost, como cabecera, presentará las solicitudes en nombre de las demás que tiene federadas. Así se conseguirá que, al menos, se aplique para todos los alumnos de estos colegios. Esa legitimación sí es incuestionable para estas entidades.

Este mismo mes, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil invitó públicamente a todos los guardias civiles, asociados o no, a incluirse como perjudicados en el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que los tribunales obliguen al Gobierno autonómico de esta comunidad a cumplir su sentencia, en la que exige que al menos el 25% de las clases en los colegios y centros educativos de este territorio se desarrollen en castellano. JUCIL presentó el 28 de marzo pasado un recurso por vía telemática ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC para reclamar la imposición a las autoridades catalanas del cumplimiento de la sentencia declarada firme en enero, en la que se indica que se deben «adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar que en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales (castellano y catalán) en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso», precisa la sentencia aún incumplida.