Las asociaciones constitucionalistas y probilingüistas Hablamos Español y Convivencia Cívica siguen llevando a cabo acciones conjuntas en Cataluña para obligar a la Generalitat a cumplir la sentencia que introduce el español como lengua vehicular en las escuelas. Ya presentamos la reclamación en nuestro nombre, como entidades, y en el de JUCIL, organización sindical mayoritaria de la Guardia Civil.

Y hoy se ha registrado una tercera petición. Esta vez en nombre de la Ampa de un colegio de Sant Fost, que va a representar a todas las demás que pertenecen a la Federación Ampa Total, y lo han hecho para todo el sistema educativo de Cataluña, apelando a la misma legitimación que hemos pedido que se reconozca para las entidades que operan en Cataluña.

Desde Convivencia Cívica y Hablamos Español se ha promovido la creación de Ampas para reclamar el cumplimiento de la sentencia. Todas, excepto la de este colegio de Sant Fost, que será la de cabecera, las hemos formalizado ante notario para salvaguardar la privacidad de sus integrantes a los ojos de la Generalitat.

Si el Tribunal no permite que estas entidades o Ampa total como federación puedan pedir la plicación para todos los centros de Cataluña, entonces el Ampa de Sant Fost, como cabecera, presentará las solicitudes en nombre de las demás que tiene federadas. Así se conseguirá que, al menos, se aplique para todos los alumnos de estos colegios. Esa legitimación sí es incuestionable para estas entidades.

Este mismo mes, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil invitó públicamente a todos los guardias civiles, asociados o no, a incluirse como perjudicados en el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que los tribunales obliguen al Gobierno autonómico de esta comunidad a cumplir su sentencia, en la que exige que al menos el 25% de las clases en los colegios y centros educativos de este territorio se desarrollen en castellano. JUCIL presentó el 28 de marzo pasado un recurso por vía telemática ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC para reclamar la imposición a las autoridades catalanas del cumplimiento de la sentencia declarada firme en enero, en la que se indica que se deben «adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar que en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales (castellano y catalán) en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso», precisa la sentencia aún incumplida.

JUCIL, en coordinación con las asociaciones  Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, reclaman que el fallo, definitivamente firme, tenga consecuencias inmediatas para todos los ciudadanos que en Cataluña desean que sus hijos sean educados en castellano, al menos en un mínimo del 25% de las clases. «Han transcurrido sobradamente los plazos previstos y resulta notorio y evidente que la Administración autónoma no ha cumplido ni tiene intención de cumplir la sentencia», afirma la secretaria general de JUCIL en Barcelona, Milagros Cívico.

Precisaron que ni JUCIL ni las plataformas Hablemos Español o Convivencia Cívica Catalana «representan animadversión hacia el idioma catalán, ni hacia quienes se expresan en él, pero frente a quienes nos acusan que querer acabar con la supuesta inmersión en catalán debemos indicar que tal y como se plantea no es una inmersión, es más bien un intento de ahogamiento de los castellanoparlantes, que ven cómo la administración catalana, que supuestamente debería defender sus derechos, los desconoce y niega» ha continuado la representante de la asociación profesional de guardias civiles. «Si sólo nos afectara a nosotros, a los guardias civiles, a los policías o a los funcionarios, quizá no sería tan importante. Pero afecta, y de una manera grave, a la conciliación de nuestras familias, a nuestros hijos que ven discriminados y vejados derechos que les otorga la Constitución, el ordenamiento jurídico y ahora, también el máximo tribunal de Justicia de Cataluña» ha concluido Milagros Cívico.

«Todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen reconocido, al amparo de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Orgánica de Igualdad, el derecho a la conciliación de la Vida Laboral y Familiar y por tanto, a educar a sus hijos en el lugar de destino, por lo que se trata de un derecho que puede ser defendido por JUCIL» ha recordado por último Cívico. «Tenemos un interés directo en que se ejecute la sentencia, teniendo un derecho reconocido a que los hijos de cualquier guardia civil o policía nacional, o cualquier otro funcionario destinado en Cataluña estudien también en castellano y en cualquier centro o municipio donde estén destinados para evitar que se lesionen sus derechos de conciliación familiar» ha finalizado la representante de la asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil.