La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha decidido este lunes enviar un requerimiento al Gobierno español y a la Generalitat para pedirles que hagan cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la administración educativa catalana a impartir el 25 % de las clases en español.

La presidenta de esta comisión parlamentaria, Dolors Montserrat, ha anunciado también que mantendrá abierta la petición que trasladó a la Eurocámara y enviará el caso a los grupos del Parlamento Europeo que vigilan el Estado de derecho y la democracia y los derechos de los menores.

Monserrat no ha validado, por contra, la propuesta de enviar una misión de investigación de la comisión de Peticiones a Cataluña al tratarse de una decisión que deben tomar los coordinadores.

El caso, que llega este lunes por tercera vez a la comisión de Peticiones de la Eurocámara, lo ha presentado la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña, Ana Losada.

En declaraciones a la prensa, Losada ha considerado “positivo” que la comisión de Peticiones mantenga el caso abierto y que se envíen las cartas de requerimiento.

No obstante, ha lamentado que algunos partidos hayan “minusvalorado” su presencia ante la Eurocámara cuando “la realidad palpable es que en Cataluña no se puede estudiar en castellano”.

“Si venimos a Europa es porque esta solución no llega ni del Gobierno de la Generalitat ni del Gobierno de España”, ha incidido la presidenta de AEB.

Losada, que se ha desplazado a Bruselas para defender su caso, ha explicado a los eurodiputados la reciente sentencia del Tribunal Supremo y las declaraciones posteriores de las autoridades de la Generalitat expresando su voluntad de no modificar el sistema educativo catalán y de no acabar con la inmersión lingüística declarada nula.

“Apelamos al Estado de derecho y le pedimos que insten a cumplir la sentencia al Gobierno y a la Generalitat”, ha pedido Losada, que ha dicho que su asociación llega a Europa porque no confía en las instituciones democráticas españolas y ¿buscando una ayuda que no encuentran en la Generalitat.

La representante de la Comisión Europea, por su parte, ha recordado que la Unión Europea no tiene competencias ni en la gestión del uso de las lenguas cooficiales ni en el ámbito educativo, por lo que mantiene su decisión de no intervenir en este caso, aunque ha recordado que la Constitución española obliga a cumplir las sentencias judiciales.

“Esto es una cuestión interna de España que tiene que dirimirse en el marco del orden constitucional español. Por el carácter interno y las limitadas competencias de la Comisión Europea sobre los sistemas educativos de los Estados miembros, la Comisión no ve lugar para una actuación por su parte”, ha dicho la funcionaria europea que ha representado al Ejecutivo comunitario.

Entre los diputados que han intervenido en el caso, la amplia mayoría de ellos españoles, los representantes de PSOE, ERC, Bildu y JxCat se han mostrado partidarios de cerrar la petición, mientras que PP, Ciudadanos y Vox han reclamado que se mantenga abierta y han pedido una misión parlamentaria que examine la situación sobre el terreno.

Diana Riba (ERC) y Toni Comín (JxCat) han criticado que los denunciantes de estos casos ¿se empeñan en crear un problema donde no existe y han lamentado no poder usar el catalán en sus intervenciones en el Parlamento Europeo, ya que no es una de las lenguas oficiales comunitarias.

Javi López (PSOE), por su parte, ha incidido en que no ha terminado aún el tiempo de ejecución de la sentencia del Supremo y en que se trata de un debate que no compete a las autoridades europeas. También ha lamentado que, pese a ello, es la tercera vez que la Eurocámara trata este tema desde 2018 mientras más del 90 % de las peticiones que llegan a esta comisión parlamentaria no llegan a ser debatidas.

Por su parte, Maite Pagazaurtundúa (Cs) ha incidido en que no se trata de una cuestión solo de régimen lingüístico, sino de ingeniería intolerante contra la libertad de los demás en la diversidad de la utilización de las lenguas vehiculares en la enseñanza, mientras que Hermann Tertsch (Vox) ha pedido el fin del adoctrinamiento en contra de España y de los políticos separatistas pervirtiendo la educación.