Investigan un robo violento a punta de pistola de los ordenadores y móviles de la familia Pujol Ferrusola

Un juzgado de Madrid investiga el robo de diversa documentación y aparatos informáticos de la familia Pujol Ferrusola que había sido comisada por la policía española en el marco de la macrocausa por blanqueamiento de capitales.

Según avanzó la Sexta y confirmó el ACN, los ordenadores, teléfonos móviles, tabletas y lápices de memoria fueron robados cuando volvían en una furgoneta de reparto con destino a Barcelona una vez la Audiencia española había permitido su devolución a la familia.

El vehículo fue asaltado violentamente en Madrid por personas encapuchadas y armadas que se llevaron los objetos. Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre del 2020. La furgoneta estaba detenida en un semáforo, cuando de repente cuatro asaltados en un todoterreno se cruzaron frente al vehículo de reparto, rompieron el cristal de una de las ventanas y encañonaron al conductor.

Mientras le obligaban a tumbarse en el suelo, se fueron en ambos vehículos. La furgoneta apareció horas más tarde calcinada en un descampado. Entre el material sustraído había quince lápices de memoria, ocho ordenadores, varios monitores, teléfonos móviles, tarjetas de memoria, tabletas y DVD requisados a varios miembros de la familia Pujol.

En declaraciones de la familia a la Vanguardia, los Pujol ven detrás del robo “la misma mano de siempre”, es decir “la policía patriótica de Villarejo”. Una vez se supo que había habido el robo, presentaron una denuncia, pero de momento no existe avance alguno. De hecho, fuentes de la familia consideran que quien robó el material y después lo quemó “fue la propia policía”.

Por otra parte, y coincidiendo con la petición de Jordi Pujol Ferrusola a la Audiencia Nacional de que la autorice a retirar de sus cuentas bloqueadas por orden judicial desde 2015 el equivalente al salario mínimo para sus gastos de subsistencia, su ex mujer ha pedido al tribunal que acuerde el levantamiento del embargo de sus cuentas y propiedades.

En un escrito del pasado día 2 al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Mercé Gironés -para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 17 años de prisión por delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y frustración de la ejecución- solicita al juez Santiago Pedraz que únicamente mantenga bloqueados 800.000 euros para hacer frente -junto a la fianza de 400.000 que ya ha cumplimentado- a una posible condena por responsabilidad civil.

Su defensa, que ejerce el letrado Luis Carlos Domínguez, ha solicitado al instructor del “caso Pujol” el alzamiento “de todas las medidas cautelares de carácter real vigentes en relación con bienes, fondos de inversión, valores y cuentas bancarias”, tanto las de titularidad de Gironés como de sus sociedades, que en octubre de 2015 acordó el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

De la Mata ordenó el bloqueo y embargo preventivo de los saldos de sus “cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad, seguros otros activos financieros”.

Fianza de 400.000 euros

El abogado recuerda en su escrito que en el auto de apertura de juicio oral -que llevará a juicio a Jordi Pujol, a sus siete hijos y a la propia Gironés, entre otros, por formar parte presuntamente de una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando la preponderante posición política del ex presidente de la Generalitat- se impuso a la ex esposa de Pujol Ferrusola una fianza de 400.000 euros.

Su defensa esgrime que teniendo en cuenta que el importe de la fianza “no puede ser inferior a la tercera parte de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias”, “procede el alzamiento de todas estas medidas”.