La Policía Nacional advierte “del primer paso” para su “expulsión” de Cataluña

La icónica comisaría de la Jefatura de la Policía Nacional en la Vía Laietana de Barcelona vuelve al centro del debate político en Cataluña. El edificio, que se ha convertido en uno de los blancos de ataque del independentismo durante la última década, es una de las 56 demandas que ha hecho la Generalitat al Gobierno para la nueva etapa de diálogo abierta el lunes pasado con la Comisión Bilateral.

En concreto, el Govern pide que el edificio, que se construyó en 1878 y ahora es propiedad del Estado (Ministerio del Interior), pase a manos de la Generalitat y se convierta en un espacio para la memoria de la represión franquista ya que durante la Dictadura albergó la sede de la Brigada Político-Social, desde donde se dirigía la persecución y represión contra los disidentes.

Este escenario ha vuelto a desatar las alarmas entre los agentes de la Policía Nacional destinados en Cataluña (en total, son 2.800) porque consideran que si se consuma la cesión del edificio será «el primer paso para la expulsión» de Cataluña del cuerpo, según resumen, consultados por este diario, los portavoces del Sindicato Unificado de Policía y de Jupol en Cataluña, Luis Mansilla y Marcos Veiras, respectivamente.

«Es la primera de las batallas», expone Mansilla, sobre el posible traslado de la Policía Nacional de Via Laietana. Lo cierto es que de darse, tendría un significado a nivel simbólico también muy importante para los policías catalanes ya que aprecian el edificio de Via Laietana (es un «emblema») y se ha convertido en los últimos años en el objetivo de la violencia y los ataques del independentismo más radical. Tras la sentencia del «procés» en octubre de 2019, se convirtió en el epicentro de toda la ofensiva separatista y, desde entonces, se han ido registrando altercados esporádicamente en algunas protestas. De hecho, en la próxima Diada (11 de septiembre), la ANC tiene previsto que la manifestación pase por allí mismo (saldrá de Plaza Urquinaona y llegará hasta el Parlament), aunque no se ha concretado si se llevará a cabo alguna acción.

De momento, el traslado es un escenario que parece remoto porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado de forma rotunda que se vaya a dar, aunque las presiones se multiplican. De entrada, cabe recordar que, en 2017, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley (no es vinculante) impulsada por Esquerra para convertir el edificio en un museo de memoria histórica. Dos años después, el Ayuntamiento de Barcelona, con los votos de Podemos y PSC, también respaldó esa vía.

En este sentido, el principal temor de los agentes de la Policía Nacional es que la decisión dependa del contexto político: si el Gobierno necesita del apoyo del independentismo, creen que puede llegar a ceder. «Sería una victoria del independentismo y una nueva humillación de la Generalitat para nosotros», reprocha Mansilla, que ha denunciado algunos de los agravios de los últimos tiempos del Govern: entre ellos, dejar fuera a los agentes del plan de vacunación en Cataluña. La Generalitat tuvo que rectificar finalmente a instancias de la Justicia y vacunó a todos los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña dos meses más tarde que a los Mossos d’Esquadra.

«Para nosotros es un icono. Estamos en el centro de la ciudad y contamos con seguir aquí», explica el portavoz del SUP en Cataluña, mientras Veiras advierte de que si se dan pasos hacia la cesión del edificio, también responderán. «Tomaremos dos tipo de acciones: tanto legales como de manifestaciones y reclamaciones a nivel administrativo», avisa. «En el momento que se tomen decisiones o acciones por parte de la Generalitat o el Ministerio del Interior para permitir nuestra expulsión del centro del puesto de mando, para nosotros es el inicio de la expulsión efectiva de Cataluña», valora Veiras.

Por el momento, además del rechazo verbal de Grande-Marlaska a ceder el edificio, también hay elementos que invitan a pensar que el traslado está lejos de materializarse pese a las presiones. Por ejemplo, en estos momentos se están realizando obras de climatización y cambio lumínico, que conllevan un coste importante y eso hace apuntar a que los policías seguirán en el mismo edificio.

En el edificio trabajan unos 300 agentes (casi el 10% de la plantilla), aunque todos con labores logísticas y administrativas (desde la gestión de personal hasta el tema económico).