La Justicia paraliza la retirada del último vestigio franquista de Cataluña

La Generalitat se las prometía muy felices. En noviembre del año pasado anunciaba a bombo y platillo la retirada este verano del último monumento franquista que queda en Cataluña coincidiendo con el 45 aniversario de la muerte del dictador. Nada más lejos de la realidad, el juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona ha aceptado la petición de medidas cautelares contra las obras de retirada del monumento a la batalla del Ebro de Tortosa.

Las medidas cautelares afectan, por ahora, a la licencia de obras que otorgó el Ayuntamiento de Tortosa al departamento de Justicia de la Generalitat y supondrá la paralización total del proceso de retirada hasta que no se resuelvan los dos recursos contenciosos presentados por Corembe (Colectivo para la Reinterpretación del Monumento de la Batalla del Ebro ) contra el consistorio y el departamento de Justicia.

El pasado 1 de julio, el mismo juzgado de Tarragona había ordenado la paralización de los trabajos como medida “cautelarísima” ante el anuncio de la consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, de que las obras de retirada podrían comenzar antes del 18 de julio, fecha anunciada por la anterior consellera. La misma semana ya habían comenzado los trabajos para nivelar la playa fluvial de Tortosa donde se ha de instalar la grúa de 300 toneladas. La asociación que reclama la reinterpretación del monolito había solicitado detener las obras mientras no se resolvieran los dos recursos contenciosos ante la posibilidad de que el monumento sufriera daños irreparables. Hasta que no se resuelva el procedimiento, así pues, las obras quedan paralizadas, “y es buena señal” para la pervivencia del conjunto levantado en 1966 en el Ebro a su paso por Tortosa, según apuntan fuentes jurídicas.

El abogado del Corembe, Alejandro Hernández, se mostró prudente ante la auto emitido por el juzgado de Tarragona: “Hay que recordar que no es una resolución firme y que aún se puede presentar un recurso”. Aun así, reconoce que es “un paso importante” porque son unas medidas que se pueden alargar mientras dure todo el proceso judicial en marcha por la asociación y que podría durar más allá de 2021.