La XIII legislatura echó a andar en el Parlament dos días después de que Isabel Díaz Ayuso sorprendiera con el adelanto electoral del 4 de mayo. Madrid y Cataluña, epicentros de poder, bajo el veredicto de las urnas con la salvedad de que el Govern de la Generalitat está en funciones desde octubre del año pasado y los catalanes votaron el 14-F. Ahora, casi dos meses después, la política catalana sigue bloqueada a la espera de un acuerdo que el independentismo promete pese a sus crónicas desavenencias. El objetivo común es evitar unos nuevos comicios que quedarían fijados en pleno verano. Y es que, después del 4-M, el foco volverá a virar hacia el Parlament con un pacto que debe producirse en los próximos días –oficialmente, el límite es el 26– entre ERC y JxCat para reeditar un gobierno bajo la presidencia de Pere Aragonès y con el apoyo externo de la CUP.

Los republicanos urgen a los posconvergentes a conforman un Govern de corte independentista prácticamente desde el día después de los comicios y en especial tras los dos debates de investidura fallidos. Sin embargo, en los últimos días elevaron el tono e incluso fijaron una fecha límite para presionar a Puigdemont: el 1 de mayo. Vencido el ultimátum y tras varios amagos de plantearse gobernar en solitario ante JxCat, ERC descarta ahora esta opción, habla de «punto de inflexión» a raíz de la cumbre celebrada en la cárcel de Lledoners el pasado sábado y atisba un principio de acuerdo en horas «o días». Inminente.

Unas prisas que el partido de Puigdemont vuelve a enfriar en un tira y afloja que no cesa entre ambos partidos, a la greña desde que las elecciones del 14-F no sirvieran para dilucidar qué partido lleva el mando del poder y del relato. ERC ganó en votos y escaños, pero la escasa diferencia –un diputado– y la presión de Puigdemont por dirigir el «procés» desde Waterloo han hecho el resto.

«El único margen es el 26 de mayo» remarcó la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ayer tras la reunión de la ejecutiva. «Que es cuestión de días es una obviedad porque la fecha límite es el día 26, ahora no sé si son tres o 23 días, estamos en estos términos, no hemos pedido dos o cinco días», sentenció echando el freno, desmintiendo ultimátums y apelando a un buen acuerdo de coalición con ambos partidos en el Ejecutivo.

Las bases posconvergentes decidirán

Sea como fuere y pese a los dardos cruzados entre JxCat y ERC, lo cierto es que ahora el calendario de un posible pacto se centra en dos momentos: o bien antes del congreso extraordinario de JxCat este fin de semana, o bien la próxima semana, del 10 al 16 de mayo. Eso sí, tanto si se alcanza un acuerdo como si no, la dirección ejecutiva posconvergente formulará una propuesta antes el plazo límite para investir al nuevo president y la someterá a la «validación de las bases del partido», al margen del cónclave del viernes.

De prosperar, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, deberá convocar una nueva ronda de consultas con los partidos –que será telefónica y se podría solventar en una sola jornada– antes de fijar día y hora para el debate de investidura. Y aquí radica otra de las claves de la situación actual: Borràs avisó ayer de que no convocará una nueva ronda hasta que no tenga la «certeza» de que Aragonès (ERC) cuenta con los apoyos necesarios. Es decir, hasta que su partido y Esquerra no suscriban el acuerdo.

¿Y qué falta para el pacto? Ambos partidos han empezado a abordar ya la estructura del próximo Ejecutivo, las consejerías y el reparto de poder. También las medidas económicas y sociales, además de los mecanismos de coordinación entre partidos, esta última una carpeta ya cerrada. Pese al secretismo de las negociaciones y a que ERC asegura que el mando del «procés» no debe ser un problema –se plantea una dirección colegiada dependiente del Consell per la República– la principal desavenencia es definir la estrategia del «procés», qué hacer en el Congreso –JxCat pide unidad de voto en temas referentes a Cataluña y ERC lo rechaza dada su posición preferencial ante Pedro Sánchez– y cómo afrontar el margen de dos años que los republicanos se dan para negociar con el Gobierno antes de un nuevo «embate» al Estado.