En un achaque de cordura y optimismo, los redactores de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) acordaron que la inversión en educación debía de llegar al 6% del PIB catalán. Diez años después, Cataluña sigue a la cola de Europa en inversión educativa. Dedica cerca de un 3,7% de su PIB a educación, lejos de España, que invierte un 4,4%, y de la media europea, que se sitúa en un 5,2%. Y muy lejos del objetivo del 6%. La baja inversión en las escuelas lastra la igualdad de oportunidades y la innovación, pese a que las familias han asumido los gastos que la Generalitat ha dejado de cubrir, según denuncia un estudio de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC).

Las autoras del informe, que lleva por título «La contribución de las familias en el sistema educativo público catalán», concluyen que en los últimos años, de recortes y falta de inversión, las familias se han convertido en mecenas de la educación pública, a través de un sistema de copago basado en cuotas y aportaciones desde las AMPA (Asociación de Madres y Padres) y AFA (Asociación de Familias de Alumnos) a los centros públicos.

Los recortes, además han generado un impacto económico en las familias, sobre todo, las que tienen menos recursos. Porque aunque en Cataluña la LEC, la LOMCE y el marco europeo prohiben cobrar cuotas, el 96% de los colegios públicos cobran aportaciones por material escolar y excursiones, además de la contribución anual a la AMPA.

Las familias pagan cada año una media de 88 euros por material escolar, 105,6 euros por salidas y 31 euros en concepto de la cuota de socio de la AMPA. Si estos importes se multiplican por el número de alumnos escolarizados en los colegios públicos (742.852), en total, Educación se ahorra 148 millones de euros a costa de las familias por servicios que deberían ser gratuitos.

Para este cálculo, las autoras del estudio matizan que suman los 65,3 millones destinados a material escolar, los 78,4 millones a excursiones y el 69% del dinero que recoge la AMPA, unos 4.000 euros cada año por asociación –4,3 millones de euros en total–, que en vez de destinarse a actividades para las familias, como la fiesta del colegio o encuentros extraescolares, se desvían para financiar los centros educativos. Las AMPAS sufragan , por ejemplo, material escolar que el centro no puede asumir, como ordenadores o mobiliario, o el sueldo de técnicos de idiomas e integración, sobre todo. Un centenar de centros tiene profesionales contratados por las familias.

Tanto el material del centro como el personal debería correr a cargo de la Generalitat. Pero si las familias no hiciesen estas aportaciones, Educación debería dedicar un 14,8% más de los recursos que actualmente dedica al funcionamiento de los centros.

Las aportaciones de las familias van por barrios. Hay un desequilibrio en función del territorio donde se encuentra el centro que contribuye a agravar la segregación escolar. Las familias de Barcelona son las que más pagan y las de Terres de l’Ebre las que menos –pagan un 300% menos que los alumnos del Vallès Occidental–. El esfuerzo de las familias para pagar estas cuotas aumenta a medida que disminuye su renta. Aunque la ley no les obliga a pagar ninguna cuota, si no pagan, la escuela los deriva a servicios sociales y pasa nota a la AMPA. Educación replica que la Generalitat cubre todas las necesidades educativas y que las excursiones no son obligatorias. Pero siendo en horario escolar, genera desigualdades. Los centros con metodología tradicional, pagan menos que los que trabajan por proyectos.