Función Pública

CSIF prioriza la mejora de la carrera profesional de los empleados de la Junta

El nuevo presidente del sector de la Administración General de la Junta (AGCyL) de este sindicato en Castilla y León se marca como reto tambien dar respuesta a la falta de personal y las jubilaciones

Mariano Prieto hace balance de su gestión en presencia de Benjamín Castro y Agustín Argulo, nuevo presidente de AGCyL
Mariano Prieto hace balance de su gestión en presencia de Benjamín Castro y Agustín Argulo, nuevo presidente de AGCyLConcha Ortegaical

Soria ha celebrado este martes el V Congreso Autonómico del Sector de la Administración General de la Junta (AGCyL) del sindicato CSIF Castilla y León, en el que, entre otras cosas, se ha elegido al leonés Agustín Argulo como nuevo presidente de esta central sindical independiente, que toma el relevo al soriano Mariano Prieto tras un cuarto de siglo ocupando esta responsabilidad. Argulo ya era vicepresidente del sector desde hace cuatro años y delegado autonómico y nacional de Medio Ambiente de CSIF desde 2016.

Sus primeras palabras tras ser nombrado como nuevo mandamás del CSIF en este ámbito de la Junta han sido de agradecimiento por la confianza que han depositado en su persona, pero también para trasladar algunas de su prioridades en su mandato. como por ejemplo la modificación del reglamento que actualice la aplicación de la carrera profesional de los trabajadores de la administración de la Junta. "Queremos estar a la altura de otros sectores, como Sanidad, con convocatorias extraordinarias”, apuntaba Argulo, para quien ahora toca consolidar el gran apoyo que tenemos y tratar de incrementarlo, en un sector muy heterogéneo con muchas categorías y disciplinas muy variadas.

“Tenemos trabajadores en tareas educativas, de servicios sociales, operarios de oficios, técnicos o en las labores administrativas y de gestión de todas las consejerías, por eso todos los delegados son importantes", señalaba, mientras desvelaba que una de sus primeras acciones será la de organizar la estructura del sector en diferentes equipos y grupos de trabajo, "para que todos los representantes participen y podamos abarcar toda la complejidad del sector”.

Por su parte, el presidente saliente, Mariano Prieto, que seguirá en la nueva directiva como número dos de Argulo, hacía hincapié en que otra de las inquietudes del sector en estos momentos es el actual convenio del personal laboral, ya que, según decía, está provocando despidos, un empeoramiento de condiciones laborales, perjuicios en la reclasificación de una veintena de categorías y ningún beneficio económico.

La falta de personal y las jubilaciones son otras de sus quejas en un sector, el de la administración autonómica, que cuenta con 30.000 trabajadores, unos 16.000 funcionarios y unos 14.000 laborales. "La Junta debe reaccionar y planificar la sustitución del 35 por ciento de la plantilla, que se jubilará en los próximos cinco años en la administración general de la Junta”, advertía Prieto, mientras recordaba que desde AGCyL han elaborado el Plan de Recursos Humanos que se ha presentado a la Consejería de la Presidencia para prevenir y resolver la reposición de personal.

En estos momentos, AGCyL cuenta con 3.504 afiliados, lo que supone un crecimiento de un 122 por ciento respecto al congreso anterior celebrado hace nueve años, que se ha retrasado por la paralización de los procesos congresuales que provocó la pandemia de la covid.

Asimismo, la representación también ha aumentado en 16 delegados tras las últimas elecciones sindicales, logrando 62 en las juntas de personal de funcionarios y 105 en los comités de laborales. “En CSIF tenemos la mayor representación en nuestro sector, y somos el 53 por ciento del total entre los tres sectores transferidos, que son Administración de la Junta, Educación y Sanidad", destacaba Prieto, quien ponía en valor la capacidad de Argulo para seguir creciendo. "El sector queda en muy buenas manos; tiene ya mucha experiencia y es un buen negociador”, apuntaba, en referencia al nuevo presidente.

Subida salarial pendiente

El presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, también asistía a este congreso, donde denunciaba una vez más el "abandono" que sufren los empleados públicos por parte del Gobierno de España, que sigue sin reactivar la negociación de la subida salarial pendiente desde el año pasado, y un nuevo acuerdo salarial que concluyó el pasado 31 de diciembre.

“Los empleados públicos han perdido un nueve por ciento su poder adquisitivo en los últimos tres años", advertía castro, preocupado ante la incapacidad del Gobierno para sacar adelante unos Presupuestos Generales, y la demora en las reformas de Función Pública.

El presidente de CSIF en la comunidad pedía también a la Junta de Castilla y León que se siente a negociar mejoras salariales en los tramos y competencias autonómicas y las condiciones laborales. Además, urge a las administraciones -Gobierno y Junta- a sacar una oferta de empleo público ambiciosa, eliminando las tasas de reposición, para poder abordar la reducción de las plantillas por los elevados porcentajes de jubilación que se producirán en unos cinco años, un 60% en la administración del Estado y en torno al 40 por ciento en la autonómica.

La coordinadora nacional del sector de Administraciones de las Comunidades Autónomas de CSIF, Elena Moral, clausuraba el congreso de AGCyL, urgiendo al Gobierno de Sánchez una instrucción con los criterios de aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial, que entrará en vigor el uno de abril.

El sindicato independiente viene denunciando -desde hace semanas- que los requisitos del nuevo Real Decreto Ley 11/2024 para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, imposibilitará al personal laboral de la administración acceder a la jubilación anticipada, ya que han surgido dudas sobre la forma de compatibilizar la contratación fija y a tiempo completo del trabajador relevista en el acceso al empleo público, problemas que no se da en el caso de la empresa privada. En el sector de AGCyL pueden verse perjudicados unos 5.000 trabajadores, cifra que aumenta considerablemente en el conjunto de los empleados públicos de la región, según informan fuentes del sindicato.

Finalmente, Moral denunciaba los “nulos avances” en el desarrollo de las “muy esperadas y reivindicadas” leyes de agentes medioambientes y forestales y en la de los bomberos forestales, a las que dio vía libre el Congreso, y acusaba al Gobierno de “inacción y desinterés", por lo que no descartan movilizaciones en breve si no se da una solución.