Compromiso con la Discapacidad y la Dependencia

"Castilla y León es una Comunidad que cree y trabaja activamente por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, para que puedan vivir una vida independiente, como ciudadanos de pleno derecho, en igualdad con el resto de las personas. Además, el Gobierno de Fernández Mañueco sigue trabajando para que el sistema de Atención a la Dependencia sea hoy más moderno, ágil, eficaz y sostenible, y que ofrezca una respuesta adecuada y personalizada a todas las personas dependientes la Comunidad".

Son palabras de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, este Lunes Santo en Valladolid, tras firmar con el el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (Cermi Castilla y León) el diseño de un nuevo modelo de atención a las personas con discapacidad.

Un nuevo modelo que, según Blanco, permitirá avanzar en el modelo de atención centrado en la persona, dotando a las personas con discapacidad de la mayor autonomía posible, a lo largo de toda su vida, promoviendo su derecho a la toma de sus propias decisiones y garantizando los apoyos que necesite en vivienda, empleo o asistencia personal. Además, el acuerdo potenciará la innovación de productos y servicios, con la implicación del usuario; avanzará en el desarrollo de la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; planificar su integración y participación social; impulsar medidas de mayor profesionalización en la gestión de las entidades; y profundizará en medidas de buen gobierno y transparencia de las entidades.

El nuevo plan, que se colgará en los próximos días en Gobierno abierto para recibir aportaciones, sectorizará por edades, con el empleo como eje para lograr la autonomía personal de las personas con discapacidad, con el reto de afrontar el envejecimiento de estas personas. la consejera ponía en valor el aumento de la figura del asistente personal, que ha pasado de 300 a más de 2.000 durante el anterior plan.

Esta mejora del modelo de atención se acompañará, por parte de la Junta de Castilla y León, de un esfuerzo presupuestario con un incremento del precio de los conciertos para personas con discapacidad, de un 8 por ciento para centros de día y residencias y de un 9 por ciento en viviendas, que afectará a 7.047 plazas concertadas para personas con discapacidad -1.957 en residencias, 962 en viviendas y 4.128 en centros de día-. Esta medida supondrá un incremento en la financiación de la concertación para personas con discapacidad de cerca de 5 millones de euros, alcanzando este año los 96 millones de euros en concertación.

Isabel Blanco explicaba que, sobre todo, se está apoyando a las familias que atienden a las personas dependientes a través del incremento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, favoreciendo a las rentas más bajas, así como del incremento de las cuantías de las prestaciones económicas vinculadas para que las personas dependientes puedan acceder a los servicios que necesiten. Unas cuantías que se han ido incrementando en estos últimos años: en enero de este mismo año se incrementó en más de 10 por ciento la prestación vinculada al servicio que es la que reciben las personas dependientes para pagar la residencia y otros servicios, por ejemplo, centros de día o la ayuda a domicilio.

Así las cosas, la consejera de Familia anunciaba que este miércoles se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León una nueva orden, con efectos a 1 de abril, por la que se incrementan las cuantías mínimas, tanto de la prestación de cuidados en el entorno familiar, como las de la prestación vinculada al servicio y de asistencia personal.

Ayudas que llegarán hasta los 100 euros en grado I, a 150 euros en el grado II y a 200 euros en grado III. Además, se incrementan las cuantías máximas de la prestación de cuidados en el entorno familiarun promedio del 5 %, pasando de los 432 euros hasta los 455,4 euros en el grado III; de 300 a 315,9 euros, en el grado II; y de 170 a 180 euros en el grado I.

Estas mejoras en las cuantías económicas supondrán cada año una inversión de 24 millones de euros y beneficiarán a 32.000 personas dependientes.

Balance plan 2016/2020

En cuanto al plan entre 2016-2020 contó con 752 millones de euros e incluía 195 medidas distribuidas en once ejes estratégicos y de su evaluación se constata que la gran mayoría de medidas previstas han sido ejecutadas total o parcialmente, un dato especialmente reseñable teniendo en cuenta la paralización generada por la pandemia del Covid-19.

En el periodo de vigencia del plan, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales se ha ejecutado un total de 686 millones de euros, un 11 % más del presupuesto previsto, que se ha concentrado especialmente en tres ámbitos, según informan fuentes de la Consejería.

Por un lado, en apoyos para la autonomía de las personas en el hogar, con más de 330 millones, un 48 % sobre el total del presupuesto. Se trata de uno de los elementos más relevantes para conseguir una vida inclusiva en la comunidad. En este sentido, ha aumentado un 38 % el número de plazas en viviendas, un 3 % el número de personas con discapacidad que reciben apoyos en viviendas normalizadas, se ha dado soporte a través de viviendas de itinerarios a 102 personas con discapacidad en su proceso de emancipación y se han incrementado los servicios de asistencia personal un 400 %. Todas estas actuaciones garantizan que la persona con discapacidad pueda vivir de acuerdo con sus deseos en condiciones apropiadas y pueda decidir cómo, dónde y con quien quiere vivir.

Por otra parte, el 29 % del presupuesto se ha destinado a formación y empleo, lo que supone que se haya apostado con más de 198 millones de euros por los itinerarios de formación y empleo y la continuidad de la atención entre el sistema educativo y el de servicios sociales que garantice la integración social y laboral. Gracias a estas medidas, la tasa de actividad entre las personas con discapacidad en Castilla y León es del 36,5 %, tres puntos porcentuales por encima de la media nacional; han aumentado un 20 % las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y un 26 % las personas con discapacidad con empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario. Además, 1.795 personas de media anual han tenido acceso al mercado laboral a través de los itinerarios de formación para el empleo.

Por último, al ámbito del envejecimiento activo se ha destinado el 18 % del presupuesto, 125 millones de euros que han servido para favorecer un envejecimiento satisfactorio de las personas con discapacidad.

"Las actuaciones desarrolladas han hecho posible dar respuestas personalizadas, flexibles y dinámicas a las diversas necesidades de las personas con discapacidad y sus familias y se ha comprobado que lo que ha favorecido el éxito de estos resultados ha sido, principalmente, el enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad y una comunicación y coordinación fluida y directa entre la Administración pública y las entidades", apuntan desde la Consejería.