Castilla y León defiende en Bruselas una financiación especial para territorios que afronten el reto demográfico

La vicepresidenta Isabel Blanco se ha reunido este jueves en Bruselas con Isabelle Boudineau, miembro del Consejo Regional de Nueva Aquitania (Francia) y representante de su territorio en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, con el objetivo de establecer el punto de partida para elaborar un dictamen con propuestas a la nueva Política de Cohesión de la UE que comenzará a adoptarse en 2027.

Un encuentro al que ha seguido otro más de ambas con diversas entidades interesadas para recabar más ideas y puntos de vista de cara a la configuración del texto.

Blanco ha dejado claro en estas reuniones que la prioridad de Castilla y León es el reto demográfico y que se aplique un enfoque más territorial en la gestión de los fondos, desde una gestión compartida a todos los niveles de gobierno. "Mediante la gobernanza multinivel, la UE y los ejecutivos nacionales, regionales y locales pueden establecer un diálogo y una colaboración permanente en el momento de tomar decisiones, puesto que las administraciones municipales son las mejores conocedoras de las realidades locales", destacaba.

Además, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades llamaba a poner el foco en la lucha contra la despoblación a través de la promoción de la innovación y la mejora de infraestructuras, fundamentalmente mediante el establecimiento de líneas de financiación dirigidas a las regiones con mayores problemas de despoblación así como a configurar una línea de financiación específica en los fondos de cohesión para ciertos territorios en la que se tenga en cuenta, de manera especial, la baja densidad de población, la dispersión y la extensión, como sucede en Castilla y León.

"Solo así podremos seguir manteniendo los servicios públicos esenciales para toda la población", advertía Blanco.

La vicepresidenta insistía en que estos criterios han de tener un peso decisivo, "puesto que el vaciamiento de determinadas regiones de la Unión afecta directamente a la economía, pero también a su desarrollo social, cultural y ambiental", decía.

Asimismo, hacía especial hincapié en que el producto interior bruto como indicador para distribuir los recursos "ya no es suficiente", debido a que ahora es la demografía la que determina la vulnerabilidad de los territorios.

Respecto a la Política de Cohesión, la vicepresidente señalaba que debe ser renovada e integradora, y que debe abordar el reto demográfico a nivel global, "ya que no afecta únicamente a las regiones rurales, sino a toda la Unión Europea".

"Tenemos que configurar unas líneas estratégicas -continuaba- que garanticen el equilibrio, el crecimiento y la competitividad, y afronten este desafío estructural".

Por todo ello, Blanco afirmaba que las regiones deben contar con una mayor autonomía en la gestión de fondos pero respetando siempre el marco común de la UE, porque de esta forma podrán implementar proyectos adaptados a sus necesidades, los cuales se desarrollarán mediante la cooperación con los representantes de los municipios.

La vicepresidenta apostaba también por simplificar la burocracia y dotar de mayor flexibilidad a los procedimientos que regulan los movimientos de fondos, así como por un marco estratégico "más claro y coherente", para que todas las medidas que se apliquen vayan en la misma dirección y no haya incompatibilidades ni competencia entre ellas.

Y, finalmente, demandaba un mayor esfuerzo en la innovación social como motor de cambio en las comunidades tanto rurales como urbanas. En su opinión, esto se podrá conseguir fomentando el emprendimiento social y el desarrollo de soluciones tecnológicas e impulsando proyectos que impliquen a las comunidades locales para remediar sus propios problemas.