Garantizar comida, agua potable, el acceso a la salud, o la educación en los países empobrecidos

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior destinará este año más de 3,5 millones de euros a proyectos de desarrollo en el año 2021.

En concreto, para desarrollar un total de 23 proyectos que se llevarán a cabo en países empobrecidos con los que se conseguirá que alrededor de 105.000 personas -61.200 de ellas, mujeres- vean mejorada su dignidad y su calidad de vida, ya sea en materia de alimentación, suministro de agua potable mediante el saneamiento de las redes, o en el acceso a la educación o a la salud.

Según informan fuentes del departamento que dirige Francisco Igea, cuatro de cada diez de estas actuaciones se centran en el derecho humano al agua potable y saneamiento básico. Entre ellas destacan las intervenciones en Bolivia, que permitirán garantizar el acceso al agua potable, mayoritariamente entre comunidades indígenas en la región de la Cochabamba y Santa Cruz. Para estas intervenciones se consignan 1,46 millones de euros del total resuelto en la convocatoria.

En las intervenciones destinadas al cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada, que se apoyan con 1,24 millones de euros, se da una gran dispersión territorial con intervenciones en varios países de América Central y en América del Sur como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia o Perú.

Sin embargo, son las intervenciones de Senegal las más representativas por su carácter integral y por la inclusión de las prioridades trasversales. Mayoritariamente implementadas en la zona de la Casamance, están destinadas al autoabastecimiento de alimentos, a veces focalizadas en las mujeres como motores de su propio desarrollo o con impactos en colectivos extremadamente vulnerables, como niños y niñas. Así mismo, se apoyan procesos de transformación económica y social y fortalecimiento institucional destinado tanto a garantizar un proceso de desarrollo sostenible y equilibrado, así como al fomento de la resiliencia en las zonas rurales.

En lo que se refiere al ámbito educativo, al que se destinan 650.079 euros, las intervenciones se han concentrado en la implementación de infraestructuras para garantizar la disponibilidad educativa, incluyendo infraestructuras complementarias como letrinas, puntos de agua o lavamanos. Además, merece atención la intervención destinada al fortalecimiento de los enfoques del currículo nacional del Perú, como el enfoque de derechos, el de igualdad de género y el medio ambiental desarrollados en escuelas públicas; varias de las intervenciones del Derecho Humano al Acceso al agua potable y saneamiento básico se implementan en colegios.

La intervención destinada al cumplimiento del Derecho Humano a la Salud, subvencionada con 169.000 euros, se llevará a cabo en Tanzania y se concentra en el fortalecimiento de los servicios de atención sanitaria en materia de salud sexual y reproductiva y en nutrición de recién nacidos promoviendo la leche materna entre los bebes entre 0 y 6 meses de vida.