¿Y por qué no 17 cupos? ¿Y por qué no la igualdad?

Con motivo de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva ley del cupo vasco, como viene ocurriendo durante los últimos años cada vez que este asunto se debate públicamente, han surgido voces que lo defienden, voces que lo critican (y por distintas causas)... y voces que plantean alternativas... a semejante vergüenza.

Los que lo defienden vienen a decirnos que el Concierto Económico, el cupo vasco y el Convenio navarro son todos ellos constitucionales (y se acaba el debate), que la solidaridad interterritorial y ciudadana están aseguradas (no se lo creen ni ellos) o que abrir el debate para suprimirlos solo nos llevaría a un mayor enfrentamiento político (por lo que mejor dejar las cosas como están antes que tratar de mejorarlas).

Esos supuestos argumentos son fácilmente rebatibles: que el Concierto Económico y el Convenio navarro sean constitucionales no quiere decir que el resultado de ambos sistemas sea justo ni igualitario... y es un hecho innegable que rompen la igualdad ciudadana y confieren privilegios a unos determinados ciudadanos españoles a costa de los restantes. Tal es así que, consecuencia de ambos sistemas y del cálculo del cupo, los vascos y los navarros terminan disfrutando de una financiación muy superior a la del resto de ciudadanos españoles. Además, tan constitucionales como ambos sistemas son el artículo 138.1 (“el Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”), el artículo 138.2 (“las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”) o el artículo 139.1 de la CE (“todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”), amén de otros principios y valores semejantes incorporados en la Carta Magna y cuyo cumplimiento por los poderes públicos es obligatorio. Por todo lo cual es fácilmente deducible que la aplicación práctica de ambos sistemas es inconstitucional... y tal cosa debe decirse y denunciarse.

En relación a que plantear la supresión de tales privilegios no haría sino llevarnos a un mayor enfrentamiento político, puede que tal cosa pudiera ocurrir en un primer momento, lo cual tampoco sería grave, pues del vivo debate suelen surgir las mejores ideas. Cualquier cosa antes que mantenernos inmovilizados por miedos o cobardías. Además, ir a la raíz de los problemas debe estar en el frontispicio de cualquier representante político. Y tengo para mí que la permanencia en el tiempo de determinados privilegios e injusticias no hace sino provocar división y enfrentamiento, agravios comparativos e indignación ciudadana (como estamos viendo). De hecho, la propia existencia de ambos sistemas privilegiados no ha hecho sino azuzar el ánimo de otros ciudadanos residentes en otras partes de España, quienes terminan reclamando algo tan obvio como que paguemos todos lo que a todos nos corresponde. Sin embargo, ocurre justo lo contrario: algunos de los que más tienen menos aportan... y tal cosa no es denunciada sino que es apoyada por quienes supuestamente son de izquierdas, entre ellos, Podemos y PSOE, la izquierda oficial pero izquierda reaccionaria. Porque además, ¿con qué legitimidad pueden negar quienes defienden ambos sistemas privilegiados un sistema semejante, por ejemplo, para Cataluña o para otras regiones de España? Obviamente, con ninguna, de ahí lo perjudicial que resulta el mantenimiento de ambos sistemas.

Hay quien ha venido a proponer que el sistema se extienda a todas las CCAA (17 cupos vascos para todos los españoles), lo cual es un imposible, dado que tal cosa rompería definitivamente la igualdad y haría inviable el Estado redistribuidor que muchos progresistas seguimos reclamando. Es indispensable alcanzar un sistema alternativo al que hoy tenemos, incorporar en él los principios de solidaridad, defensa del bien común y defensa del interés general como principios ineludibles y asumir como necesario por progresista que quienes más tienen, más deben aportar a la solidaridad ciudadana y territorial, justo lo contrario de lo que ocurre ahora. No se trata de que existan 17 o 19 cupos sino un país que funcione como tal: si defendemos la parcelación de nuestro territorio, ¿cómo vamos a ir a Europa a reclamar una sola política fiscal?

La propuesta de Plataforma Ahora se basa en los principios de solidaridad e igualdad y ausencia de privilegios fiscales basados en supuestos derechos históricos. Para ello, toca reformar la CE: no para abundar en la fragmentación del Estado sino para hacer de verdad de España un país de ciudadanos libres e iguales. Es cuestión, como siempre, de voluntad política. Y que mayoritariamente no la haya no puede ser excusa para aparcar el debate sino para justo lo contrario: algunos estamos dispuestos a azuzarlo y lograr de ese modo que más pronto que tarde seamos mayoría quienes defendemos la igualdad... y que a quienes defienden el mantenimiento de privilegios se les caiga la cara de vergüenza.