«Caso Mercasevilla»: 15 años del inicio del fin de la hegemonía del PSOE en Andalucía

«La Junta colabora con los que colaboran», se oía en la grabación que fue origen del «caso Mercasevilla». El 31 de marzo de 2009 comenzó a cambiar la historia política de Andalucía. El PSOE gobernadaba la comunidad sin visos de dejar de la Junta nunca. Entonces, una trama de sobornos por parte de cargos del PSOE puso frente al espejo de la opinión pública una red clientelar tejida a lo largo de una década de gobiernos socialistas en la Junta. El «caso Mercasevilla» desembocó en la causa de los ERE. En 2012, el PSOE perdió las elecciones por primera vez pero los 50 escaños de Arenas no fueron suficientes para apear a José Antonio Griñán de San Telmo, quien, en contra del aparato de Ferraz, postergó las elecciones autonómicas varios meses después de las generales en las que arrasó Rajoy y se presentó como garante de los servicios públicos ante los ajustes incipientes para esquivar a «los hombres de negro» de Bruselas. Un pacto con IU salvó la Junta para los socialistas. La caída del PSOE-A fue en diferido.

La primavera de 2009 la grabación de los empresarios del Grupo La Raza provocó un vuelco electoral. Dos altos cargos de Mercasevilla les solicitan el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería en los terrenos del mercado central hispalense. En el audio, Fernando Mellet y Daniel Ponce aseguraban que el dinero no era para ellos, sino para «niños saharauis y carteles de Felipe González». «La Junta colabora con los que colaboran». Así se descubrió el origen de lo que después sería el mayor fraude de la historia democrática de Andalucía: los ERE.

La grabación cayó en manos de la jueza Mercedes Alaya. Tirando del hilo, imputó al delegado de Empleo, Antonio Rivas. De esta investigación, surgieron diversas subtramas, una por la compra fraudulenta de terrenos y otra por la existencia de ERE irregulares en Mercasevilla. Como no parecía casual que sólo hubiera intrusos en los Expedientes de Regulación de Empleo del Merca, se indagó en otras empresas: colar a personas que, en muchos casos, ni siquiera habían trabajado en determinadas empresas era un patrón. Estos intrusos, generalmente, eran del círculo del PSOE y/o familiares de altos cargos o hasta los mismos altos cargos. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández aparecía en un ERE desde el día en que nació. El nombre de Antonio Rivas, delegado de Empleo en Sevilla, es recurrente en todas las investigaciones; pero más aún el del hombre que otorgaba las ayudas, el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, sobre todo a raíz de unas declaraciones en las que habló de lo que llamaba el «fondo de reptiles», unas partidas específicas para lograr la «paz social» y conceder ayudas discrecionalmente. Guerrero, fallecido durante el proceso pero condenado, habló de la existencia de un fondo de 647 millones para empresas en dificultades. Los ERE se concedían mediante organismos autónomos, como el IFA, después IDEA. Sin controles legales, como la publicación en el Boletín Oficial de la Junta. Pese a todo, había informes de la Intervención General alertando de irregularidades.

La trama nació con Chaves en la presidencia de la Junta y bajo su mandato se concedieron la mayoría de ERE. Él aseguró que no conocía a Guerrero. Griñán era consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención General puso en duda el procedimiento de las ayudas. José Antonio Viera fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004; fue quien ideó el convenio del IFA. Antonio Fernández le sucedió como consejero. Guerrero aseguró a la jueza Alaya que ninguno de sus superiores estuvieron ajenos al procedimiento. La jueza Alaya comenzó investigando a los intrusos –«las criaturitas» a las que ayudaban, según Guerrero-, que condujeron a una trama en beneficio del círculo socialista.

La Junta del PSOE culpó al ex director que gestionó el «fondo de reptiles» durante casi una década, defendiendo que el fraude fue cosa de «cuatro o cinco golfos», que se convirtieron en decenas de imputados y más casos como Invercaria. La punta del iceberg escondía una pirámide descomunal, al punto de ponerse en entredicho todo el funcionamiento de la Junta.

En el «caso Mercasevilla» Mellet fue condenado a dos años de prisión más otros seis de inhabilitación y el pago de 16.412,12 euros en el juicio del delito societario. La causa de «las mordidas» se saldó con 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa. En la sentencia se señaló que Antonio Rivas «ideó» el intento de soborno. El Supremo acabó absolviéndolo. A la venta de suelos se le dio carpetazo y los acusados, como Torrijos (IU), solicitaron una indemnización y aún hoy apelan al «lawfare».