No es un problema sencillo y, hasta la fecha, todos los intentos por erradicar los asentamientos irregulares que existen en Andalucía, fundamentalmente de migrantes temporeros en Huelva y Almería, han sido infructuosos. La Junta de Andalucía va a hacer un nuevo intento y ayer aprobó en Consejo de Gobierno la formulación del primer Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población inmigrante (Plan Easen).

El objetivo principal es «diseñar propuestas y coordinar a las distintas administraciones públicas para la integración residencial y socio laboral de las personas que residen en dichos asentamientos» y poner en marcha planes locales y/o comarcales de intervención integral en asentamientos e infraviviendas asociadas, ubicados en cada uno de sus términos municipales de referencia.

Algo parecido se ha tratado de desarrollar en los municipios onubenses de Lepe y Moguer. El 1 de julio de 2022, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la entonces Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación firmaron un protocolo de colaboración, junto a los alcaldes de los municipios mencionados, para la construcción o adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares.

El objetivo inicial consistía en la promoción de nuevos albergues y soluciones de alojamiento destinados a las personas temporeras y para aquellas que decidan alargar la campaña como primera respuesta residencial.

También incluía la puesta en marcha de programas de acceso a la vivienda en el núcleo urbano que permitieran una transición hacia modelos residenciales sostenibles e integradores.

Igualmente, se contemplaba como reto la consolidación de modelos de integración que puedan ser útiles para otros asentamientos irregulares o para otros procesos de regeneración urbana, ya sea en otros municipios o incluso en otras comunidades autónomas.

También en la anterior legislatura, el Gobierno andaluz habilitó una línea de ayudas a los municipios en los que se constatara la presencia de estos asentamientos. Las subvenciones estaban destinadas a prestar ayuda material a los temporeros y a mejorar las condiciones de habitabilidad de estas infraviviendas bajo plástico.

Ahora se apuesta por una nueva estrategia más integral de la que se encargará la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que será el departamento encargado de trasladar a los ayuntamientos «y todos los agentes implicados sus propuestas», toda vez que «el diseño y desarrollo de este primer plan estratégico va a contar con participación de la administración local, social y ciudadana».

Está previsto que el plan cuente con un sistema de evaluación sobre su eficacia, serán «prevenir la constitución de nuevos asentamientos e impulsar la puesta en marcha de un abanico de propuestas de soluciones habitacionales efectivas y dignas».

Un reciente estudio de la ONG Andalucía Acoge apuntaba que solo en la provincia de Almería existían 59 asentamientos irregulares, la mayoría de ellos (44) en Níjar. En 2022 vivían en ellos 3.537 personas, 3.038 hombres, 499 mujeres y 83 niños. La mayoría procedía de Marruecos, Senegal y Malí y, según sus datos, un 76,3% se encontraba en situación administrativa irregular.