El «impuestazo» pone en jaque el PERTE del hidrógeno verde

El «impuestazo» del Gobierno a las energéticas no solo podría dar al traste con el denominado valle andaluz del hidrógeno verde, uno de los proyectos más potentes vinculado a las renovables en la comunidad autónoma, sino que dejaría seriamente tocados los objetivos de uso de esta energía y el denominado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó la «extraordinaria» acogida de esta iniciativa en la presentación del proyecto impulsado por Cepsa en San Roque (Cádiz), un acto celebrado en diciembre de 2022.

Entonces, Sánchez aseguró que las resoluciones provisionales de los primeros programas de ayudas del PERTE alcanzaban los 250 millones de euros. «El resultado no puede ser más esperanzador, porque implica la movilización de una inversión total de 890 millones de euros en 29 proyectos», señaló, además de remarcar el «enorme apetito inversor que despierta en España la apuesta por el hidrógeno verde». Sin embargo, el gravamen que pretende hacer permanente el Ejecutivo podría ahuyentar estas inversiones, poniendo en riesgo, de momento, los 3.000 millones de euros de inversión y casi 10.000 empleos que prevé el macroproyecto de Cepsa en Huelva y Cádiz.

Las previsiones del Ejecutivo eran muy halagüeñas. Según sus cálculos, en 2050 esta nueva tecnología representará un tercio del combustible utilizado en el transporte terrestre mundial, un 60% del marítimo y será «decisiva» para almacenar energía procedente de un sistema eléctrico 100% renovable. El PERTE en cuestión está dotado con 6.900 millones de euros de fondos públicos, de los que el 22% se dedicarían expresamente al hidrógeno.

Las alarmas no sólo han saltado en Cepsa, sino también en la Junta de Andalucía, que ve en esta iniciativa un emblema del proceso de transición energética que tanto defienden las administraciones públicas. En este sentido, el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, pidió al Gobierno que dé «marcha atrás» en su intención de mantener este impuesto, ya que supondrá «dinamitar» la capacidad de inversión y «poner en riesgo» importantes proyectos en la región. Durante su intervención en el acto del Día de la Empresa en Andalucía organizado por la CEA, en Sevilla, Moreno señaló que pocos sitios en Europa tienen las condiciones que tiene esta comunidad para generar energía renovable, una «oportunidad» que no se puede perder.

«Si tú tienes energía limpia y, sobre todo, energía segura y barata, tienes la base para que una parte de la industria se pueda asentar en tu territorio y eso es lo que provoca una reindustrialización de nuestra zona», indicó.

Sobre el valle andaluz del hidrógeno verde, Moreno aseguró que «lo hemos trabajado con muchísimo esfuerzo de convencimiento y de seguridad, y están ya todos los pasos desde el punto de vista legal, administrativo y estudio de impacto ambiental». «Pero ahora tenemos un riesgo, esa presión fiscal añadida que no tienen países vecinos, especialmente Portugal, que es nuestro gran competidor, y que pone en riesgo esa inversión, esos puestos de trabajo y esos desarrollos en zonas de Andalucía que son especialmente sensibles y lo necesitan», agregó.

Por su parte, los trabajadores de Cepsa mostraron su «preocupación» por la posible paralización de las inversiones de la empresa en Andalucía. Así lo señaló a Europa Press el secretario general del sindicato STR de Industria Química, Antonio Domínguez Crespo, una vez que Cepsa avisó de esta posibilidad y teniendo en cuenta que la paralización de estas inversiones afecta a «la creación de empleo y a la estabilización de los puestos». «No sólo afecta a la plantilla directa sino también a las empresas que dan servicio a este tipo de proyectos», subrayó.

«La plantilla está preocupada, no lo asimilan. Esperemos que se llegue a un acuerdo entre la patronal y el Gobierno para que las inversiones se vuelvan a poner en marcha», subrayó el representante sindical.

A la espera de poder mantener una reunión con la dirección de la empresa, aunque sí han podido hablar de manera informal en los centros de trabajo andaluces, los trabajadores esperan que la situación se concrete. «Ya veremos si, finalmente, el impuesto a las energéticas continúa o no y, cuando lo concreten, nos convocarán a una reunión y nos dirán».

En Andalucía, la parte de refino de Cepsa cuenta con 3.000 trabajadores, que asciende a 4.500 si se añade la parte de las químicas. Este impuesto no afecta sólo a esta empresa, sino que se verían afectadas otras, alcanzando un volumen de 10.0000 empleos.