«Desconcierto» entre los agricultores por el paso atrás en Doñana

El estado de ánimo de los agricultores del Condado de Huelva tras conocer que la Proposición de Ley de Regadíos que iba a calificar como regables sus explotaciones agrarias –aunque fuera con aguas superficiales y cuando le otorgaran la concesión– puede resumirse en tres palabras: «desconcierto», «decepción» y «desconfianza». La realidad es que veían muy cerca una regulación normativa que les iba a permitir, al menos en parte, reparar los errores cometidos en 2014, cuando se aprobó el denominado el Plan de la Fresa, que dejó fuera muchas explotaciones agrarias porque no aparecían en cultivo en una foto fija tomada en 2004.

El «desconcierto» parte de que muchos no entienden este giro de guión político, ya que el Gobierno central y el andaluz han tenido muchos meses para sentarse a hablar sobre este asunto. Y lo hacen ahora, con un Gobierno de España en funciones y el PSOE negociando una amnistía con los partidos independentistas catalanes.

La «decepción» es porque consideran que después de muchos años, la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva) era la mejor fórmula que habían encontrado para regularizar sus tierras, independientemente de que el texto no les otorgara derechos de agua.

Por último, la sensación de «desconfianza» parte de que la mayoría no se fía del Ministerio de Transición Ecológica, que se ha mostrado muy beligerante con ellos en los últimos meses. De hecho, existe el convencimiento de que el recrudecimiento de las inspecciones en esa zona –la más alejada de Doñana– forma parte de una estrategia para hacerles entender que no van a ver satisfechas sus reivindicaciones.

Tampoco comprenden que ahora se negocie el denominado Marco de Actuaciones para Doñana, presentado en Almonte el 30 de noviembre de 2022 por la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Ese documento, que ahora se pone como ejemplo, contempla 356,3 millones de inversión pero está centrado en «poner límites a la presión humana» en torno al Parque Nacional, más que en garantizar la actividad económica de las personas que viven en los pueblos de la zona.

En este sentido, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva tiene previsto celebrar una asamblea en los próximos días para decidir qué acciones toman ya que la noticia de la paralización de la Proposición de Ley les ha cogido por sorpresa y a muchos de ellos en Fruit Attraction, la principal cita para la comercialización mundial de frutas y hortalizas que se celebra desde el martes y hasta hoy en Madrid.

A través del portavoz de la plataforma, Julio Díaz, ayer reclamaron que el periodo de diálogo abierto entre la Junta de Andalucía y Gobierno central sobre Doñana aporte «soluciones viables y consensuadas con los agricultores» y que, en caso contrario, exigirán «la votación en el Parlamento andaluz de la Proposición de Ley».

El problema radica en que una vez que se constituya el Grupo de Trabajo entre ambas administraciones difícilmente se podrá marcha atrás, aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, insistió en que si no hay acuerdo, se retomará el texto original en el Parlamento andaluz y se aprobará a finales de octubre. «No ha cambiado nada, lo que ha cambiado es que la ministra me llamó personalmente para sentarnos, cosa que considero sensata y que agradezco y, a partir de ahí, vamos a poner toda la voluntad del mundo», justificó.

Por su parte, Ribera anunció que su ministerio se reunirá con «todos los actores locales» del entorno de Doñana el próximo miércoles para compartir ideas con las que «sumar» y garantizar el valor añadido de sus productos, es decir, el progreso territorial junto con la preservación de los ecosistemas del Parque Nacional, que tienen que ser compatibles. Anteriormente, la ministra no había mantenido contactos con los defensores de esta regulación que ahora se ha congelado.

La vicepresidenta aseguró antes de la reunión con Moreno que no iba a ver «ni media hectárea más de regadío» y ayer insistió en esta idea: «Sería absurdo desaprovechar esta ocasión generando más problemas, generando una falsa expectativa en la que desgraciadamente nos hubiéramos encontrado a la vuelta de la esquina que no hay agua para esa recalificación del suelo».