Piden siete años de cárcel para la exdirectora de Sierra Nevada por prevaricar con su sueldo

La Fiscalía de Granada ha pedido siete años y medio de cárcel para la exconsejera de Cetursa-Sierra Nevada María José López, acusada junto a otro alto directivo de prevaricar y falsear documentos públicos para saltarse las limitaciones en los sueldos y percibir un salario superior al establecido.

Según el escrito provisional de acusación del ministerio público, al que ha tenido acceso EFE, López será juzgada este próximo marzo por presuntas irregularidades cometidas junto al que era director de finanzas de la empresa que gestiona la estación, también procesado, para recibir cantidades indebidas con cargo a fondos públicos.

La causa, que se juzgará el próximo 31 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, arrancó en noviembre de 2018 cuando la Fiscalía abrió diligencias por un informe remitido por la Consejería de Turismo y Deportes después de una inspección de la Intervención General de la Junta y de la Cámara de Cuentas.

Ese informe alertaba de cantidades cobradas de manera irregular vinculadas a conceptos de antigüedad que habrían permitido a los dos altos cargos superar las limitaciones presupuestarias aprobadas por la Junta para puestos de alta dirección y que fijaban un salario máximo en 2015 de 55.277 euros, 58.848 en 2017.

Según el escrito de la Fiscalía, los dos procesados, "pese a tener conocimiento de las normas presupuestarias", de común acuerdo y de manera consciente, incumplieron "gravemente" la normativa en un plan preconcebido que buscaba modificar la estructura de Cetursa, empresa pública que gestiona Sierra Nevada, y cobrar más de lo permitido.

En ese objetivo, modificaron sus condiciones laborales sin informes perceptivos y, en julio de 2014, sumaron cláusulas de antigüedad que la Secretaría General de la Administración Pública anuló en septiembre de ese año.

Según los informes de la Junta, el que fue directivo de finanzas de Cetursa tuvo entre 2012 y 2017 un exceso retributivo de 23.800 euros y reintegró 19.141.

Además, y ante una inspección a las cuentas de Cetursa, los dos procesados redactaron o hicieron redactar contratos en 2014 pero con fecha de 2010 para incluir cláusulas de antigüedad con las que dar "cobertura legal", según la Fiscalía, al dinero que cobraron de manera irregular de fondos públicos.

Con ese concepto de antigüedad, él cobró ente 2013 y 2017 48.697 euros mientras López percibió en el mismo periodo y por idéntico concepto 3.708 euros.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito continuado de prevaricación administrativa y otros dos de falsedad en documento público cometidos por funcionarios, por los que ha pedido una pena para cada uno de los dos procesados a nueve años de inhabilitación para cargo público y siete años y medio de cárcel.

Durante la fase de instrucción, López aseguró que ni ella ni ningún directivo durante su etapa al frente de Sierra Nevada cobró cantidades indebidas ni de manera irregular.