Sánchez concede a Cataluña en dos meses una reivindicación que hizo Andalucía hace más de un año

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reprochado al Gobierno de España que Andalucía lleva esperando más de un año la cogestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya acordado hoy traspasar a Cataluña la gestión de esta prestación social como parte de los acuerdos alcanzados en el marco del pacto de investidura que firmaron PSOE y ERC. López ha calificado esta situación como “un nuevo desprecio a Andalucía y los andaluces”, y ha resaltado que estamos ante “un ejemplo más de la desigualdad que impera en estos momentos entre los diferentes territorios del país”. El Ingreso Mínimo Vital es una prestación diseñada para apoyar a la población en riesgo de pobreza y exclusión.

Concretamente, en septiembre de 2022 Loles López mantuvo un encuentro en Madrid con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para evitar que las personas más vulnerables quedaran excluidas del cobro del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Rmisa). En aquella reunión, “en un clima de máxima cordialidad”, Andalucía propuso la cogestión de esta ayuda. Sin embargo, uno año y tres meses después aún no ha recibido respuesta. La consejera ha recordado que otros territorios, como País Vasco, Navarra y ahora Cataluña, ya cuentan con

esta posibilidad, al tiempo que ha subrayado que “los andaluces y andaluzas no se merecen este desprecio por parte del Gobierno”. “Desde la Junta de Andalucía no vamos a permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría”, ha insistido.

Una falta de respuesta que carece de todo sentido si se tiene en cuenta que un tercio (un 32%) de las personas beneficiarias son andaluzas. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del pasado mes de octubre, el Ingreso Mínimo Vital acumula más de dos millones de beneficiarios desde la puesta en marcha de esta prestación en junio de 2020, de los cuales más de 643.000 viven en Andalucía.

Ante esta situación de desamparo por parte del Gobierno central, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad aprobó la modificación del decreto de la Renta Mínima de Inserción Social para dar cobertura a las personas en situación de vulnerabilidad que quedaban fuera del Ingreso Mínimo Vital. Igualmente, esta modificación buscaba evitar los problemas generados por la convivencia entre las dos prestaciones y que daban lugar a reintegros millonarios por el solapamiento de la ayuda estatal y autonómica. De hecho, en 2022 la consejería alcanzó a ejecutar el 98,4% del presupuesto. Este porcentaje contrasta con lo aplicado en 2018 cuando solo se ejecutó un 27%. Se trata del porcentaje de ejecución más elevado alcanzado desde la entrada en vigor de la Rmisa.

De esta forma, en 2022 se otorgaron más de 17.000 prestaciones, el doble con respecto a 2018, y se ha realizado el 90% de los planes de inclusión sociolaboral asociados a la percepción de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. El traspaso de esta prestación social a Cataluña no es el único “desprecio” a Andalucía. El pasado mes de noviembre el Gobierno acordó con el País Vasco, fruto del acuerdo de investidura entre PSOE y PNV, que el Estado asumirá el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo.

Ante este anuncio, la consejera Loles López advirtió en el Parlamento andaluz que “están en juego los derechos sociales y la igualdad entre españoles”, ya que para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez “ha tenido que entrar en subasta el sistema de dependencia”.