Los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, acusados por estafa en el "caso Nueva Rumasa", han solicitado este lunes, en la primera vista del juicio, que se declaren nulas las pruebas que se derivan de la información que aportó el exabogado de la empresa Joaquín Yvancos.

La defensa de los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos ha asegurado que Yvancos, jefe de los servicios jurídicos de la familia entre 2002 y 2010, entregó a Anticorrupción información secreta sobre las actividades de Nueva Rumasa.

El hecho de que el abogado de la familia pasara a formar parte de la acusación y revelara información de la empresa supone, según la defensa, quebrantar el secreto y la lealtad profesional, por lo que, a su parecer, debe declararse la nulidad de todas las pruebas que se derivan de la información aportada por Yvancos.

Los abogados del resto de los acusados en el caso, hasta un total de 15, han apoyado esta misma petición de nulidad, sobre la que el presidente del Tribunal, Fernando Andreu, ha señalado que resolverá al momento de la sentencia y no antes.

El fiscal de Anticorrupción Juan Pavia, por su parte, ha señalado que "no hay ninguna nulidad que apreciar" porque la aportación de Yvancos "es absolutamente inane" y "no aporta nada a la causa que no se supiera".

En esta primera jornada del juicio, que ha tenido lugar en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), se han abordado las cuestiones previas y la causa continuará esta semana con tres vistas más hasta el jueves.

Además de por estafa, los hijos de José María Ruiz-Mateos, fallecido en 2015 y artífice en los años 60 del imperio Rumasa, están acusados por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, y la Fiscalía Anticorrupción solicita para ellos 16 años de prisión.

El caso se remonta a 2009-2011, cuando la empresa familiar presidida por José María Ruiz-Mateos presuntamente ideó un sistema "piramidal", a través de la emisión de pagarés, que le permitió captar -sin desvelar la delicada situación financiera del grupo- más de 337 millones de euros, aportados por al menos 4.110 particulares.

De esa cantidad, la empresa dejó sin devolver a los inversores 289 millones, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Aunque los acusados desempeñaban su trabajo bajo la dirección última de José María Ruiz-Mateos, cada uno ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación un poder de decisión propio cuyas consecuencias eran recíprocamente aceptadas por todos, según la Fiscalía.

La tesis de la Fiscalía es que los fondos captados "fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid, de la que los acusados disponían, en función de las necesidades" del grupo, aunque también se sufragaban con este dinero "cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar". Además, apunta a que por el momento "se desconoce el destino último de 82 millones que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias".

En abril de 2017, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió abrir juicio oral por el "caso Nueva Rumasa" e impuso una fianza de 496 millones de euros a los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos implicados. De la Mata describió las presuntas operaciones irregulares ideadas por los acusados en Nueva Rumasa, un conglomerado empresarial que afrontaba serios problemas económicos ya en 2008 y que siguió empeorando hasta situarse al borde de la insolvencia.

Además de las estratagemas para conseguir financiación, los acusados comenzaron a urdir una trama para ocultar e intentar salvaguardar su patrimonio ante la inminente caída del emporio empresarial y las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse, de acuerdo al magistrado.

Junto a los seis hijos de Ruiz-Mateos encausados, también están acusados por los mismos delitos los también miembros de la familia Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero, para quienes la Fiscalía pide 15 años de prisión.

Además, están acusados por estafa y blanqueo de capitales los trabajadores y colaboradores de Nueva Rumasa Manuel Sánchez Marín y José Ramón Romero, éste también por un delito contra la Hacienda Pública; y por estafa, Rufino Romero de la Rosa y a Ricardo Álvarez Castaño.

Anticorrupción también acusa de un delito de alzamiento de bienes a Ángel de Cabo Sanz, Fernando Juan Lavernia e Iván Manuel Losada, por presuntamente haber pactado con los hijos de Ruiz-Mateos la compra de sociedades de Nueva Rumasa tras la emisión de pagarés, "con el fin de controlar los concursos de acreedores (...) y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia".

Asimismo, están encausadas 58 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarias y nueve personas físicas en condición de partícipes a título lucrativo, entre ellas Yvancos.

Nueva Rumasa estaba constituida por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil, según la Fiscalía.

Entre ese cúmulo de sociedades había algunas productivas en el sector agroalimentario y hotelero, y otras sociedades instrumentales o meramente patrimoniales, la mayoría radicadas en Belice, según el Ministerio Fiscal.

El documento incluye una lista compuesta por 58 empresas del entorno de Nueva Rumasa, entre las que se encuentran Carnes y Conservas Españolas, grupo Dhul, Clesa, Bodegas Teresa Rivero y Cacaolat.