Así cambió de opinión el Gobierno en el Algarrobico tras la llegada de Montero al PSOE-A

El 26 de diciembre de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantenía la misma postura sobre la situación del hotel del Algarrobico en Carboneras que había mantenido en los últimos años. Así lo trasladaba en una respuesta escrita a la diputada de Podemos Martina Velarde, que, entre otras cuestiones, preguntaba sobre las medidas del gobierno «para garantizar el cumplimiento de la sentencia que determina la clasificación del paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable» y si el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Justicia pensaban «intervenir junto a la Junta de Andalucía para acelerar el proceso». La respuesta del departamento que dirigía Sara Aagesen desde el 24 de noviembre señala que «no es parte en los pleitos» y recuerda que «en 2011 se firmó un protocolo general de colaboración entre el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía, para la recuperación de la playa de El Algarrobico» y que «el Ministerio mantiene su compromiso de financiación de la demolición de esa edificación una vez esa demolición sea posible».

La postura del Ministerio hace un mes era exactamente la misma que había mantenido la anterior titular de la cartera, Teresa Ribera. La actual vicepresidenta de la Comisión Europea señaló en un foro en la Cadena Ser el 1 de febrero de 2024 que estaba «deseando» demoler el hotel pero que «corresponde al Ayuntamiento de Carboneras revisar de oficio la licencia municipal de obras», al tiempo que se remitió al citado convenio firmado en 2011.

El 18 de enero de este año, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue proclamada secretaria general de los socialistas andaluces tras conseguir los avales necesarios sin que ningún otro candidato obtuviera los apoyos necesarios. Es entonces cuando la postura oficial del Gobierno cambia y se materializa en la visita de Montero a Carboneras el pasado lunes día 10. Allí, sin hablar previamente con el Ayuntamiento de la localidad ni con la Junta de Andalucía, anuncia que el Gobierno declarará la utilidad pública de las parcelas en las que se ubica el hotel ilegal de la playa del Algarrobico, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como paso previo a su expropiación y posterior demolición. Más allá del efecto mediático, la decisión se aleja de la estrategia judicial que el propio Ejecutivo defendía hasta la fecha. De hecho, así consta en el acta de la reunión de la comisión de seguimiento entre la Junta de Andalucía y el Ministerio del convenio entre ambas administraciones celebrada el 11 de marzo de 2024. En la misma, difundida por el Ejecutivo andaluz, la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro Valenciano, «coincide en la necesidad de que recaiga nulidad de la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, incidiendo en la necesidad del cumplimiento de las disposiciones judiciales por el Ayuntamiento de Carboneras para poder continuar en el sentido encaminado a la demolición del edificio».

Este intento de «impulsar» la campaña electoral de Montero en Andalucía no ha surtido, al menos de momento, el efecto deseado. En este sentido, Ecologistas en Acción señaló ayer que la acción del Gobierno central para efectuar la expropiación de los suelos en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre del paraje de El Algarrobico invadidos por el hotel de Azata del Sol supone un «brindis al sol» al considerar que «lo que solucionaría» la situación sería que «se cumpliesen las sentencias» judiciales contrarias al inmueble. Es decir, que el cambio de postura de la administración central no es la más apropiada para el fin que se persigue: que la costa regrese a su estado original y eliminar para siempre el hotel que cuenta todavía con una licencia de obras otorgada en enero de 2003 por un gobierno municipal socialista durante los Gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía.

Si bien el colectivo valoró la «implicación» del Gobierno central, estimó que la demolición del edificio pasaría por hacer cumplir los fallos judiciales que obligan, por un lado, a revisar la licencia de obras que se concedió para edificar el inmueble en 2003, y por otro lado, a modificar de forma efectiva el plan general de ordenación urbana (PGOU) para declarar el suelo como «no urbanizable» conforme a la adaptación al plan de ordenación de recursos naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

«Desde Ecologistas en Acción se valora positivamente que el Gobierno central quiera implicarse en la resolución del caso, pero lo importante es que los terrenos del Algarrobico sean clasificados como no urbanizables en el PGOU de Carboneras y que la licencia de obras del hotel El Algarrobico, en consecuencia, sea revisada», explicaron en un comunicado.

Para ello, apelaron a la «cooperación» de Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras, al que apremiaron una vez más para que acate las resoluciones dictadas por el TSJA encaminadas a hacer desaparecer el hotel.

«Que el Ayuntamiento de Carboneras, cumpla la sentencia y revise la licencia de obras, no parece difícil para el partido del Gobierno dado que el PSOE tiene mayoría en dicho ayuntamiento», explicaron antes de afirmar que la Junta de Andalucía también tiene en sus manos parte de la solución, al achacarle la propiedad de los terrenos.

En este sentido, la organización entiende que los suelos en los que se levanta el hotel «pertenecen a la Junta de Andalucía» después de que esta ejerciese su derecho de retracto y depositase más de 2,2 millones de euros para que la empresa Azata del Sol le entregase los terrenos.

«En base al interés público carece de sentido que una administración pública, el Gobierno Central, expropie a otra administración pública, la Junta de Andalucía», incidieron.

En este mismo sentido, otro de los colectivos ecologistas que más han luchado por la demolición del hotel, el grupo «Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense», también denunció ayer los «mil algarrobicos existentes y por venir» y la «farsa de todas las administraciones» en relación al futuro derribo del hotel.

En otro comunicado, la asociación denunció que las administraciones intentan «resucitar la burbuja inmobiliaria» y promover la «especulación», una de las actividades «más destructivas tanto socialmente como para cambio climático y biodiversidad».

El colectivo, promotor de la paralización judicial en febrero de 2006 de las obras del hotel de El Algarrobico, mostró igualmente su desconfianza en el anuncio del Gobierno sobre la expropiación e inmediata demolición del hotel.

Tal y como mantienen desde el Gobierno regional, advierten que si Azata o el Ayuntamiento recurren, el proceso «podría demorarse muchos años» y que «para evitarlo se debería proponer un perito tasador que sea aceptado por las partes, u otras medidas. No vemos que se estén tomando medidas creíbles a tal efecto y para impedir un bloqueo en los tribunales».

«Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense» recuerda que la medida anunciada por Montero es un regreso al pasado porque, ya en 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la ministra Elena Espinosa, archivó el expediente de expropiación iniciado por la ministra Cristina Narbona en 2007. Además, el Gobierno sólo podría demoler una parte menor, ya que la mayor «dependería de la Junta de Andalucía, con la que no se ha hecho acuerdo alguno y que se opone al procedimiento», ya que consideran que debe ser el Ayuntamiento el que anule la licencia de obras.

«Todo apunta pues a un farol y estrategia electoral de cara a las elecciones andaluzas», lamentaron desde el colectivo.