La FAMP pide a la Junta que aumente la financiación para obras municipales

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha acordado solicitar a la Junta que aumente un 15 % el porcentaje de financiación para sufragar el coste de los materiales de las obras que ejecutan los ayuntamientos con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

La decisión ha sido adoptada por la Subcomisión de Diputaciones provinciales de la FAMP, presidida por el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, quien ha explicado que este programa se fundamenta en la colaboración del Gobierno central, la Junta de Andalucía y diputaciones -a estas dos últimas corresponde hacerse cargo de la partida destinada a los costes de los materiales-.

Hasta ahora, ha recordado, el porcentaje que destinan la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales para esta finalidad alcanza el 45% de la cantidad que el Gobierno central aporta para los costes salariales.

Entrena ha advertido que durante 2021 y, especialmente desde la invasión de Ucrania, se ha producido un incremento en el coste de los materiales que oscila entre un 10% como mínimo y un 20%.

Por tanto, si no se produce un incremento proporcional que dé respuesta a este problema, “serán los ayuntamientos los que tengan que soportar el sobrecoste, si quieren hacer un volumen de obra similar al del ejercicio anterior con cargo al PFEA”.

Ante esta situación, el presidente de la subcomisión de Diputaciones ha planteado que el porcentaje de financiación, en el marco del convenio del Programa de Fomento de Empleo Agrario entre la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales sufra, de forma coyuntural, una subida desde el 45% al 60%, con respecto a la cantidad total que el Ministerio aporta para los costes salariales.

Por otra parte, Entrena ha explicado que en la comisión que se celebró en mayo y en la que se aprobó el reparto del dinero que corresponde a Andalucía y a cada una de sus provincias, “se tuvo conocimiento de la subida de un 5% que el Gobierno de España aplicaba para los costes de mano de obra con cargo al PFEA 2022″.

En aquel momento, señala, ya indicaron que la subida de los materiales era muy superior al 5% y que si no se actuaba en consecuencia se corría el riesgo de que los ayuntamientos no pudieran comprar materiales o finalizar obras ya comenzadas, al no contar con la financiación necesaria para hacerse cargo del aumento del precio.

“Las Diputaciones provinciales se comprometieron en la comisión a asumir la subida de materiales que se acordara, en la proporción establecida hasta ahora, es decir, un 75% la Junta y un 25% las Diputaciones”.

Según Entrena, la Junta no se manifestó en ese momento, por lo que le piden que se comprometa de la misma forma que están comprometidas, dice, las diputaciones, “porque los ayuntamientos no están en condiciones de seguir aportando una financiación que no tienen para programas en los que no están obligados”.

Por otro lado, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villabobos (PSOE), ha criticado este martes que la Junta de Andalucía haya optado por una “regulación sin consenso” para los vehículos de transporte sin conductor (VTC), ya que la Federación desconoce el borrador en que trabaja la Consejería de Fomento.

Rodríguez Villalobos se ha reunido este lunes con los representantes de las cinco organizaciones del sector del taxi en Andalucía -FAAT, Élite Taxi, AUMAT, UATA y Solidaridad del Taxi-, que le han expuesto de primera mano “la situación crítica que vive el taxi” ante la inminente aprobación por la Junta del anunciado decreto ley regulador de las VTC, “cuyo borrador se desconoce”.

Según informa la FAMP en un comunicado, las organizaciones del taxi han expuesto “su desencanto y sorpresa por una regulación autonómica” que, si bien durante más de tres años la Consejería de Fomento había negado que fueran a llevar a cabo, “ahora deprisa y corriendo, y antes de que finalice el próximo 30 de septiembre el periodo transitorio de cuatro años otorgado por el Real Decreto-Ley 13/2018, la Junta de Andalucía pretende aprobar por decreto ley”.

Según estas organizaciones, la regulación que prepara la Junta permitirá que “las autorizaciones sigan habilitadas para la prestación de servicios urbanos, lo que se podría haber evitado si la comunidad autónoma hubiera decidido no regularlas, aplicándose en este caso el Real Decreto-Ley 13/2018, y se hubiera limitado el servicio de las VTC al servicio interurbano”.

En este sentido, Rodríguez Villalobos ha lamentado “la falta de convocatoria a la FAMP para reunirse con la Consejería, con el objeto de debatir y conocer el borrador del anunciado decreto ley de la Junta de Andalucía, sobre todo teniendo en cuenta las competencias locales que los ayuntamientos puedan tener en relación con esta materia”.