Veterinarios y Gobierno, lejos del entendimiento

La implantación del sistema «Presvet», una plataforma en la que los veterinarios de todo el país tienen que registrar los antibióticos que suministran a los animales, está siendo motivo de desencuentro entre estos profesionales y el Gobierno. En el día de ayer, miles de clínicas veterinarias de toda España realizaron por la mañana un cierre simbólico en sus centros para pedir que se cambie la normativa actual, la cual, según defienden, va en contra de su ejercicio profesional. Según explicaron, si la situación no mejora, tomarán medidas mayores. Y es que este sector considera que la entrada en vigor del real decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, «ha sido la gota que ha colmado el vaso», tal y como ha explicado para Efe Ana García, una de las portavoces de VetsUnidos, plataforma que se ha creado para intentar cambiar esta situación.

Sergio López, otro de los portavoces de VetsUnidos, cuenta para LA RAZÓN que «hemos dicho basta porque la legislación nos está maniatando cada día más e impidiendo ejercer nuestra profesión según nuestros conocimientos». López afirma que la norma nueva supone que todos los medicamentos veterinarios se canalicen en la venta en farmacias, lo que califica de «sinsentido». Actualmente, los dueños de las mascotas deben recibir una receta en el centro veterinario y acudir a un farmacéutico para obtener la medicina. «Esto es un problemón, porque en la farmacia vas a tener que comprar, por ejemplo, una caja con 30 o 40 pastillas, cuando el veterinario podría darte únicamente las 10 que necesitas», explica. Desde el sector alegan que poder dispensar el tratamiento completo a los pacientes mediante el fraccionamiento de envases clínicos porque permite reducir costes, minimizando excedentes y disminuyendo la generación de residuos.

Además, a la hora de prescribir, quieren priorizar el criterio clínico y la evidencia científica sobre las fichas técnicas de los medicamentos, a las cuales tachan de «desactualizadas y obsoletas».

Por otro lado, han reclamado la supresión de sanciones «desproporcionadas que criminalizan el ejercicio» del veterinario, y también la reducción del IVA de sus servicios, para equipararlo con el resto de profesionales sanitarios.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y tal y como recoge Efe, han remitido a una comunicación reciente del Departamento en el que, entre otros puntos, se detalla que los veterinarios de mascotas conocen la obligación de transmitir la información requerida a Presvet desde junio de 2023, «por lo que han tenido más de un año y medio para prepararse».

Para el MAPA, Presvet es un sistema de recogida de información y «no establece limitaciones a las prescripciones y por tanto no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario».

En lo relativo a las sanciones, el MAPA ha recordado que están recogidas en la Ley de Sanidad Animal, pero cuando se puso en marcha el sistema para animales de granja «se observó que era necesario graduar las sanciones iniciales en función de si la falta de comunicación era reiterada o no».

El desentendimiento entre autoridades y profesionales parece ser total, y desde VetsUnidos aseguran que no van a bajar los brazos para reclamar lo que consideran justo. La portavoz Ana García ha indicado para Efe que «si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no nos escucha, por supuesto que nos manifestaremos ante su sede».