Piden un Pacto de Estado para sacar ya los móviles de las aulas

El uso de la tecnología entre menores y adolescentes es considerado ya un auténtico «problema de salud pública», según han señalado este lunes la Fiscalía, la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por este motivo, estos actores sociales han demandado la aprobación urgente de un Pacto de Estado para proteger a los menores en el ámbito digital, para lo que han propuesto 15 medidas de consenso en el ámbito sanitario, educativo y de responsabilidad de las empresas.

Según ha indicado en rueda de prensa el fiscal Coordinador de Menores, Eduardo Esteban, «están aumentando los delitos violentos en general y especialmente los sexuales», debido a «una muy deficiente educación sexual de estos menores; vemos cómo se sustituye esa educación sexual por la pornografía, que se accede como un tutorial», informa Efe. «El uso abusivo de las tecnología también está perjudicando la personalidad y el desarrollo, existe una auténtica adicción a las redes sociales y a la tecnología; el diagnóstico lo tenemos hecho, existe un serio problema, hay que buscar soluciones y eso nos compete a todos, poderes públicos, educadores y familias», ha subrayado Esteban.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Europea de Transición Digital (AETD), Ana Caballero, ha declarado que las medidas propuestas (que han sido secundadas por 140 entidades) se dividen entre las de reconocimiento del problema y cómo afecta a la salud, su abordaje desde el punto de vista educativo y la responsabilidad de los agentes implicados. En este sentido, cinco de los puntos se centran en el uso compulsivo de la tecnología como «un problema de salud pública» y en llevar a cabo campañas y medidas preventivas. Por este motivo, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, no ha dudado en defender la prohibición de acceder con móvil a los centros educativos, algo que hasta la fecha solo se aplica en la Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, según Ep. «Existe una autentica adicción a las redes sociales y a las tecnologías, y en menores es más agresivo y dañino», aseveró. Mar España recordó que en este momento solo la Comunidad de Madrid dispone de tratamientos para tratar este tipo de adicciones en menores y adolescentes, por lo que lamentó que las familias se vean obligadas a buscar centros privados, donde puede llegar a pagarse «una media de 300.000 euros». Además, defendió que se obligue a los fabricantes de estos dispositivos a incluir el control parental para su venta.

El segundo grupo de medidas tiene que ver con la educación, para lo que se busca concienciar del impacto de la tecnología en la vida y desarrollo de los menores, el fomento de las Escuelas de Padres y Madres para dotarles de herramientas con el fin de educar en un uso responsable. Además, se quiere proporcionar formación a alumnos, profesores, trabajadores sociales, profesionales de la salud y del Derecho.

Por último, el tercer bloque se centra en la responsabilidad de los agentes implicados, entre las que figura la industria, con propuestas relacionadas con el diseño de productos y servicios digitales teniendo en cuenta la edad, como por ejemplo limitar el acceso a ciertas aplicaciones según la edad.

«No puede haber ideologías, debe ser un asunto en el que trabajemos todos juntos: industria, gobierno, partidos y asociaciones de la sociedad civil para proteger a la infancia; llegamos tarde pero no es irreversible», manifestó Mar España. En esta línea, la directora de la AEPD afirmó que la agencia trabaja para fijar criterios de verificación de edad para impedir el acceso a contenidos para adultos, y que ha sancionado a diversas páginas pornográficas por no establecer medidas para impedir el acceso de los menores.

España recordó que en el Canal prioritario –al que se ha sumado la red social Tik Tok– los menores pueden solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos.

Ante la seriedad de las consecuencias a las que se enfrentan los menores en el mundo digital, Fiscalía, AEPD y AETD confían en que en esta legislatura se produzca una respuesta que defienda los intereses niños y jóvenes, y que se consiga el Pacto de Estado, que cuenta con el apoyo de organizaciones como Save The Children, Fundación ANAR o Unicef.

«El consenso es más necesario que nunca, estamos hablando de la infancia, del futuro de los ciudadanos y esperamos que nos reciban pronto los grupos parlamentarios y el nuevo Gobierno; nos alegramos de que haya un nuevo ministerio de Juventud e Infancia y esperamos que exista en el Congreso una comisión espejo para abordar la protección de los menores», concluyó la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero.